Bankia pierde contra una sicav catalana antes de la batalla contra Iberdrola

La salida a bolsa de Bankia y las demandas de inversores institucionales siguen dejando conclusiones dispares en los tribunales. Si hace apenas un mes un juzgado de Calatayud determinó que los inversores profesionales no podían recuperar su dinero, ahora uno de Barcelona considera que si el folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) estaba mal, lo estaba para todos, no sólo para los pequeños inversores.

Esta decisión la toma el Juzgado de Primera Instancia nº44 de Barcelona, cuya ponente es Ester Vidal, en una sentencia en la que se ordena que se devuelvan 148.000 euros a una sicav catalana (Stock Area), el dinero que perdió de los 800.000 euros invertidos en la salida a bolsa. Bankia ya ha recurrido el fallo.

Stock Area Sicav tiene actualmente 9 millones de euros bajo gestión y paradójicamente volvió a confiar en Bankia a finales de 2016. Después del varapalo de 2011 y a pesar de la demanda, cree que es un bueno momento para invertir en el grupo nacionalizado de la mano de José Ignacio Goirigolzarri. Esta sociedad está controlada por la familia Roselló, de Barcelona, especializada en negocios inmobiliarios a través de distintas empresas. Su compañía cabecera es Grup Area.

“La información disponible [del folleto de la OPS] es la misma para todos los inversores, minoristas y profesionales”, expone la jueza, ignorando la sentencia del Tribunal Supremo de febrero del año pasado. “La acción que aquí se ejercita se apoya precisamente en que los estados financieros publicados no se adecuaban a la realidad, y este hecho no se modifica dependiendo del carácter del inversor. Uno puede analizar mejor la información que otro, pero ninguno puede obtener más información que el otro”, añade.

Beneficios irreales

El tribunal se basa para ello en las conclusiones de los peritos del caso Bankia. Haciendo suyos sus argumentos, la jueza sostiene que “el folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales […]; el objetivo de la inversión era la obtención de rendimiento (dividendos), por lo que la comunicación pública de unos beneficios millonarios resultó determinante en la captación y prestación del consentimiento”.

Estas conclusiones suponen un mal augurio para Bankia en un momento clave, días antes de que llegue la batalla de verdad para el banco, que le enfrenta con Iberdrola. Aun así, la sentencia de Barcelona deja un párrafo que puede servir a Bankia contra la eléctrica: "Bankia no dice por qué otros medios exactamente podía la demandante haber obtenido información sobre sus estados financieros". Es decir, si el inversor institucional tuvo acceso a más información o una motivación distinta, como presiones del Gobierno, los jueces pueden rechazar las demandas. Por ello, en el caso de Iberdrola, el banco presidido por Goirigolzarri va a intentar que el juicio se centre en las motivaciones extra y reuniones al margen del road show que mantuvo la eléctrica. En el juicio van a tener que declarar banqueros de inversión, inspectores del Banco de España, peritos y directivos de Iberdrola.

Bankia se juega mucho en el juicio contra Iberdrola y en la nueva lectura del asunto que haga el Tribunal Supremo

Tras un año de demandas de institucionales, el balance se inclina del lado de los demandantes, pero comienza a haber excepciones como la de Porcelanosa, adelantada por este medio, la de Calatayud y algunas otras que sugieren que el Supremo tendrá que volver a pronunciarse.

Por el camino, una victoria de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán abriría la puerta a que nuevos institucionales demandaran a Bankia, acrecentando el problema. En unos días llegará la hora de la verdad para que Goirigolzarri cierre de una vez por todas este capítulo o, por el contrario, tenga que remangarse para solucionar otro problema del pasado.