BBVA "invoca" el principio de cosa ya juzgada para no pagar cláusulas suelo

BBVA recurrirá previsiblemente al principio de cosa ya juzgada para evitar la devolución de las cantidades cobradas por cláusulas suelo con anterioridad al 9 de mayo de 2013. El segundo mayor banco español dejó de aplicar dicha cláusula en todos los contratos de préstamo hipotecario con consumidores en los que esta había sido incorporada. Lo hizo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que resolvió que esas cláusulas debían considerarse nulas.

Esa misma sentencia del Supremo estableció que no procedía la devolución de las cantidades cobradas con anterioridad a esa fecha de 2013. Por esta razón, después de que el miércoles el Tribunal de Justicia de la UE comunicara la sentencia en la que obliga a la banca a pagar todo lo cobrado por cláusulas suelo, BBVA defenderá ahora que el asunto ya había sido juzgado con anterioridad y que por tanto no puede ser de nuevo juzgado.

La entidad presidida por Francisco González reveló en un informe publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 20 de julio que había "invocado en el proceso ante el TJUE" su "derecho subjetivo" a que no se modifique su situación jurídica "como consecuencia de la sentencia que dicte el Tribunal de Justicia". Para ello, explica BBVA, alega "los principios de cosa ya juzgada y de intangibilidad de las resoluciones judiciales". El banco recuerda en su informe remitido a la CNMV que esos principios son "existentes tanto en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros como en el Derecho de la Unión Europea".

El documento en el que BBVA alude al principio de cosa ya juzgada fue registrado en la CNMV el 19 de julio, pocos días después de que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE propusiera en su informe limitar en el tiempo los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, beneficioso para los bancos.

El tribunal europeo cuenta con el apoyo de Abogados Generales para la elaboración de informes sobre la materia que tiene que juzgar. Aunque estos informes no son vinculantes, habitualmente el tribunal ha seguido las recomendaciones del informe del Abogado General. Por esta razón la sentencia del miércoles comunicada por el Tribunal de Justicia de la UE, contraria a las recomendaciones del Abogado General, fue recibida con sorpresa.

BBVA se refirió en ese documento enviado a la CNMV el pasado mes de julio al informe del Abogado General del tribunal europeo. "El 13 de julio se ha publicado el informe del Abogado General del TJUE en cuyas conclusiones se indica que la directiva comunitaria no se opone a que un Tribunal Supremo de un Estado Miembro limite, atendiendo a circunstancias excepcionales, los efectos restitutorios de la nulidad a la fecha en que dictó su primera sentencia en este sentido", indicó el banco.

De 1.200 millones a 404 millones

La entidad financiera añade en su documento, remitido al regulador del mercado español en julio, que en línea "con el parecer del Abogado General y con la opinión jurídica de los asesores externos contratados, la probabilidad de que BBVA se vea obligado a devolver estas cantidades puede ser calificada como remota".

No obstante, BBVA, "habida cuenta del interés que la cuestión ha suscitado en analistas e inversores", informó entonces de que la mejor estimación del importe máximo susceptible de ser objeto de reclamación "en caso de un criterio adverso del TJUE se situaría en torno a los 1.200 millones de euros, si bien la experiencia en supuesto similares indica que el impacto sería probablemente menor".

Sin embargo, el miércoles, tras conocerse la sentencia adversa del TJUE, el banco español informó en un hecho relevante publicado en la CNMV de que dotará una provisión en el ejercicio 2016 para cubrir la contingencia de futuras decisiones por esta decisión que tendrá un impacto negativo en el beneficio del grupo de 404 millones de euros.

Fuentes del banco explican que la cifra de los 1.200 millones de euros calculada en julio "era una estimación por lo alto", y que se trataba de una cifra bruta, y que los 404 millones es una cifra neta. Además, advierten que la cantidad comunicada en julio incluía las incidencias por Catalunya Caixa, y que ya ha sido provisionado. También añaden, para explicar la reducción de 1.200 millones a 404 millones, que hay clientes cuyos contratos contaban con esa cláusula pero que no se llegó a activar.