Energía

La banca exige al Gobierno una solución para el Castor tras pagar su factura durante un año

Las entidades acreedoras de los derechos de cobro por la concesión del almacén de gas acumulan un año sin percibir la cantidad que les correspondía tras la sentencia que dejaba sin efecto el cargo al recibo de los consumidores

Plataforma del proyecto Castor
Plataforma del proyecto Castor EFE

En estos días se cumple un año desde que el Tribunal Constitucional anuló el Real Decreto por el que se articulaba el rescate de la concesión del almacén de gas Castor, instalado en aguas de la costa de Castellón, que cargaba el coste del mismo contra el recibo de los consumidores. Desde entonces, los perjudicados son Santander, Bankia y Caixabank, las tres entidades financieras que adquirieron los derechos de cobro por el retorno de la concesión al Estado durante 30 años. Su paciencia comienza a agotarse y han solicitado al Ejecutivo una solución urgente.

Las entidades afectadas fueron más beligerantes con el anterior Gobierno, que se limitó a suspender el pago (que asciende aproximadamente a 80 millones de euros al año), retirando la partida correspondiente del recibo del gas, para cumplir con la sentencia. Por entonces, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pronosticó que la cuestión acabaría en los tribunales.

Hacia esa vía se dirigían las entidades financieras que, sin embargo, levantaron el pie del acelerador tras el repentino cambio de manos del Ejecutivo provocado por el triunfo la moción de censura que promovió el actual presidente, Pedro Sánchez. Los bancos dieron una tregua al nuevo Gobierno, asumiendo que debía tomarse su tiempo para aterrizar y que, además, tenía por delante nada menos que la definición de la política energética del Estado, que su predecesor había dejado sin cerrar.

Sin embargo, el tiempo avanza y la solución al problema de la factura del Castor no aparece por ningún lado, lo que ha hecho que las alarmas vuelvan a encenderse en las entidades afectadas.

80 millones al año

La actual situación se generó a finales del pasado año, cuando se conoció la citada sentencia del Constitucional, que declaraba nula la compensación a Escal, propietaria del permiso para operar el almacén, por la reversión de la concesión de Castor debido a que se llevó a cabo a través de un Real Decreto pese a que la situación, a juicio de los magistrados, no justificaba el empleo de esta medida.

Escal, participada mayoritariamente por ACS, dejó de operar el Castor tras la cascada de pequeños movimientos sísmicos en las costas de Castellón que siguió al inicio de su actividad.

El pago de la indemnización se realizó de una sola vez y apenas 35 días después de que se resolviera la concesión, con cargo al sistema gasista, de modo que todos los usuarios pagarían esta indemnización vía recibo. Mientras, Enagás, empresa gestora del sistema gasista español, se subrogó de forma provisional la deuda de Escal y vendió los derechos de cobro a las tres entidades mencionadas, que son las que percibían los algo más de 80 millones de euros que suponen la factura del Castor hasta comienzos de este año, cuando el Gobierno dejó en suspenso los pagos tras ser notificado del fallo del Constitucional de forma oficial.

En puertas de la nueva Ley

Las entidades afectadas trataron de negociar una solución con el Gobierno pero las conversaciones entre ambas partes apenas experimentaron avances. El Ejecutivo contaba con un plazo de seis meses para encontrar un remedio pero el plazo no llegó a cumplirse porque antes llegó la moción de censura y su relevo en los escaños azules del Congreso de los Diputados.

De esta forma, a punto de cumplirse un año desde la suspensión del pago, justo el plazo del que dispone la banca para reclamar, la solución aún está por llegar. El Gobierno ha trabajado a marchas forzadas en la Ley de Transición Energética, que quería tener aprobada antes del final del presente ejercicio. Quizá, el texto legal podría ser la clave para solventar el problema generado por la concesión del Castor. De lo contrario, los presagios del ya ex ministro Nadal sobre la "litigiosidad" del caso se cumplirán bajo todos sus efectos.

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