La asociación de autónomos cercana a Podemos denuncia que Sánchez prepara un decreto que los arrincona

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), cercana a Podemos, denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar un real decreto para determinar la representatividad de las asociaciones de autónomos que "no es democrático" y los deja arrinconados a pesar de ser "representantes de 350.000 trabajadores por cuenta propia". 

"En su postura prima la capacidad económica que tenga cada asociación, en vez de la voluntad de dar voz a los autónomos", lamenta un portavoz de la asociación, que ha lanzado la campaña "Un autónomo, un voto" para reivindicar que cada autónomo en España tenga derecho a votar cuál es la asociación que le representa. 

Según el texto del real decreto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el número de afiliados de cada asociación no es el único criterio que se utilizará para medir su representatividad, sino que influirán también factores de tipo económico como el número de sedes, la cantidad de empleados -y el tiempo que lleven contratados- o la cuota que pagan los afiliados. 

"Si dos autónomos pagan 6 euros cada uno en vez de 12, contarán como una sola persona", lamenta UATAE

La norma, que desarrolla el artículo 21 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, no especifica si todos los criterios tendrán el mismo valor en el baremo, o si cada uno tendrá un peso relativo diferente. 

El decreto fija una cantidad mínima de 12 euros de cuota al año para tener en cuenta el número de afiliados. "La división entre el monto total de los ingresos medios por cuota en el último ejercicio, por la cuota de referencia que se considere mínima, en este caso 12 euros anuales, para demostrar un pago efectivo a la organización nacional, dará como resultado un número de afiliados efectivamente cotizantes", señala. 

Guerra entre asociaciones

UATAE lamenta que esta sea la forma para determinar el número de afiliados, ya que si dos trabajadores autónomos no pueden pagar 12 euros y pagan 6 euros, entonces computarán como una única persona. El decreto, en su opinión, beneficia a las asociaciones con más músculo económico, es decir, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA, adscrita a la patronal) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA, afín al PSOE).

Lorenzo Amor, presidente de ATA, defiende en declaraciones a este medio que el decreto es "literal" con el desarrollo de la ley y considera que el número de afiliados (medido por las cuotas) y la implantación (determinada por las sedes y los trabajadores) deberían computar "al menos en un 50%".

"¿Cómo puede ser representativa una organización que no tiene implantación en los territorios, ni socios? Tendrá que demostrarlo. Yo puedo decir que represento a 100.000 socios pero es no es serio si no tengo unas cuentas con las que demostrarlo", subraya, mientras presume de que tanto sus cuentas como las de UPTA son públicas y se pueden consultar en su página web, e invita al resto de asociaciones a llevar a cabo la misma práctica. 

La representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos es importante en cuanto que se utiliza para poner en marcha el Consejo del Trabajo Autónomo, y para determinar quiénes son considerados "interlocutores válidos" para dialogar y negociar con el Gobierno. 

Cláusula feminista

Aunque el decreto se limita a desarrollar el contenido del artículo 21 del Estatuto del Trabajo Autónomo, se extralimita, en opinión de ATA, al añadir una cláusula para promover la presencia de la mujer en las asociaciones de trabajadores por cuenta propia, "algo que no viene indicado en la propia Ley", apunta Amor. 

En concreto, el decreto fija que "será computable como criterio (...) la representación de la mujer en los órganos de gobierno y de representación de la asociación profesional de trabajadores autónomos concurrente a la convocatoria, siempre que se acredite una presencia de las mujeres en esos órganos de un mínimo del 25%". 

El presidente de ATA defiende que su asociación no tiene ningún problema con la disposición, porque en su caso las mujeres suponen un 45% del total de puestos directivos, pero recuerda que "eso no está en la ley".