Economía

Un español lleva a Venezuela a un arbitraje de 200 millones tras confiscar su farmacéutica

El empresario Raimundo Santamarta ha decidido llevar al país suramericano ante una corte arbitral internacional casi un año después de intentar llegar a un acuerdo amistoso

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela EFE

El empresario español Raimundo Santamarta ha presentado una solicitud de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela en la que reclama una indemnización de al menos 200 millones de dólares "tras la toma de una serie de medidas discriminatorias encaminadas a obstaculizar su negocio farmacéutico, incluyendo la confiscación ilegal de los bienes de la planta de producción de SM Pharma situada en Maracaibo, Venezuela", explica el empresario en un comunicado.

Desde la década de los 70, la familia Santamarta, procedente de Asturias, ha desarrollado en el país un importante negocio farmacéutico que, según denuncian, empezó a ser torpedeado por las autoridades venezolanas a partir de 2015. Desde aquel año, "diversos entes y autoridades gubernamentales venezolanos han venido desplegando medidas para obstaculizar las actividades de la familia Santamarta, todas ellas discriminatorias y arbitrarias, que condujeron a la toma del control operativo de sus SM Pharma y, finalmente, la confiscación ilegítima de los bienes de las sociedades del grupo, despojándolo por completo de su inversión".

La decisión de llevar a Venezuela ante una corte arbitral internacional se produce casi un año después de que el empresario intentase llegar a un acuerdo amistoso con el país, algo "no fue posible". El arbitraje, que cuenta con el asesoramiento de los despachos de abogados de Bernardo Cremades y WDA Legal, ha sido presentado en base al Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela, en vigor desde 1997. Esta normativa protege tanto a los inversores españoles que invierten en Venezuela como a los venezolanos que invierten en España.

"El Sr. Santamarta no es el primer inversionista extranjero que sufre un tratamiento discriminatorio por parte del Gobierno Bolivariano", señala el comunicado. "Sin embargo, el sistema internacional de protección de inversiones evita a los inversores extranjeros tener que acudir a los tribunales venezolanos para obtener una compensación por la pérdida de sus inversiones que, de otra manera, sería prácticamente inviable".

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