Economía

Amadeus nombra consejero a Josep Piqué en pleno proceso de venta de ITP a Indra

El exministro popular suma un puesto más como consejero a una extensa lista de empresas de cuyos organismos ejecutivos ha formado parte 

Josep Piqué
Josep Piqué europa press

La junta de accionistas del proveedor tecnológico de servicios turísticos Amadeus IT Group ha aprobado este miércoles el nombramiento del exministro 'popular' José María Aznar Josep Piqué como consejero independiente por un periodo de tres años. Piqué suma este puesto a la extensa lista de organismos ejecutivos de empresas de los que ha formado parte.

Entre otros cargos, Josep Piqué ha sido vicepresidente segundo y consejero delegado de OHL, presidente de Vueling y consejero de Aena y Airbus. En diciembre de 2017 fue nombrado presidente de la empresa vasca Industria de Turbo Propulsores (ITP), la novena mayor compañía del mundo fabricante de motores para la industria aeronáutica.

Sobre esta empresa ha puesto sus ojos la multinacional tecnológica española Indraque se dejaba un 7% de su valor en Bolsa este lunes después de confirmar las negociaciones para adquirir una participación de control de ITP, actualmente controlada al 100% por Rolls-Royce. La compra por parte de Indra de una participación superior al 50% rondaría en la actualidad los 1.000 millones de euros.

Amaño de un contrato millonario

La incorporación de Josep Piqué al consejo de Administración de Amadeus se hará efectiva este jueves 20 de junio, dos días después de que su nombre ocupara los titulares por su implicación en el supuesto amaño de un contrato multimillonario en la Ciudad de la Justicia de Madrid.

Los agentes de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) habrían encontrado en un prendrive  una serie de correos electrónicos entre el exvicepresidente de OHL en aquél momento, el exconsejero delegado Javier López Madrid y otro alto cargo de la empresa.

En estas conversaciones se apunta a un posible amaño del contrato para la construcción y explotación de la Ciudad por valor de 771 millones de euros. La UCO señala que pueden ser indicativos de posibles "intentos de manipulación de la adjudicación".

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