La AIReF sugiere dar más competencias a los Ayuntamientos para aliviar a las CCAA

El presidente de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha comparecido este mmiércoles en el Congreso en la Comisión para la evaluación y modernización del estado autonómico y lanzado un mensaje claro: hay que dar más competencias a los ayuntamientos para aliviar a las comunidades autónomas y la Seguridad Social.

Y es que, tal y como ha dicho, los consistorios tienen hoy en día 8.000 millones de superávit que podrían dedicarse a gastos más importantes que las infraestructuras locales. Según Escrivá, no es la AIReF quien tiene que decir qué nuevas competencias pueden asumir los ayuntamientos, pero en otros países tienen en sus manos, por ejemplo, la dependencia y las rentas mínimas.

De hecho, hoy muchos ayuntamientos españoles sí se encargan de la gestión de la asistencia social tras llegar a acuerdos con las comunidades que no llegan a todo, pero sin tener la competencia en sí. Un traspaso de competencias ayudaría a reequilibrarar la situación de los diferentes subsetores en materia de déficit público.

Una reforma global

Y es que hoy las comunidades autónomas, el Estado y, sobre todo, la Seguridad Social siguen en déficit. Y los Ayuntamientos llevan ya años en superávit. Según Escrivá, no se puede analizar la reforma de la financiación autonómica sin tener en cuenta también la situación local.

Escrivá ha dado un buen repaso al modelo actual y ha apostado por avanzar hacia uno nuevo con competencias más tasadas y acotadas. A su parecer, hay que fijarse en países en los que la descentralización funciona mejor y cuyos modelos podrían aplicarse en España, como en Australia y Alemania.

La reforma de la financiación debería centrarse en el gasto y no en los ingresos

Una de las cosas más importantes que Escrivá echa de menos en España y que sí tienen estos dos países es la existencia de órganos independientes que se dedican a evaluar las necesidades de gasto y la efectividad del mismo. En España, en cambio, se controlan los procedimientos, pero no la funcionalidad del gasto.

De hecho, la reforma, a su parecer, tiene que centrarse en el gasto más que en los ingresos. Los ingresos dependen del ciclo y los gastos de la población, no es razonable que los ciudadanos tengan que depender de las fluctuaciones del ciclo económico. Por eso, cree que la reforma debería asegurar un sistema que asegure el gasto que necesita cada comunidad para asegurar los servicios a sus ciudadanos.