Economía

Se reduce el número de 'airbnbs' en España por primera vez desde su llegada en 2009

La patronal turística Exceltur aplaude que la oferta hotelera se vuelva a situar por encima 

Airbnb.
Airbnb. EP

Las viviendas de uso turístico, conocidas popularmente como 'airbnbs' por el predominio de la empresa que lleva este nombre, cayeron en 2019 por primera vez desde su llegada a España hace diez años, según datos proporcionados por la patronal turística Exceltur. Concretamente se registraron 413.033 pisos turísticos, 17.317 menos que en 2018, recuperando la oferta hotelera el primer puesto (415.404).

El número de viviendas turísticas cayó principalmente en Barcelona con un total de 100.502, lo que se traduce en 13.357 menos que en 2018. En Palma de Mallorca se perdieron 1.619 pisos turísticos hasta un total de 10.575, mientras que en San Sebastián se redujo a 8.014 (1.665 menos) y en Bilbao a 5.202 (373 menos).

El lobby asegura que este descenso se debe a la mayor regulación por parte de algunos ayuntamientos como San Sebastián, Bilbao, Palma de Mallorca o Barcelona; por la mayor "concienciación ciudadana"; y por "la posición del Tribunal Supremo que permite que se corrija el crecimiento descontrolado". 

"El esfuerzo que han dedicado algunos gobiernos locales en la regulación de las viviendas de uso turístico para asegurar su control y cumplimiento ha comenzar a dar sus frutos", aseguran desde la patronal. No obstante, el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, ha lamentado que "los ayuntamientos aún tienen problemas para cumplir las normativas". En este sentido, Exceltur pide al nuevo Gobierno que "refuerce la capacidad de hacer cumplir estas normativas exigiendo a las plataformas que comercialicen sólo la oferta que las cumple". 

Frentes judiciales

El pasado diciembre, el Tribunal Supremo reafirmó la sanción que el gobierno autonómico valenciano interpuso contra la plataforma por no solicitar ni mostrar el número de registro de las viviendas que comercializa. A la par, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio la razón a la Generalitat y obligó a Airbnb a eliminar los anuncios de 12.000 pisos turísticos por no ajustarse a la normativa legal catalana al no contar con ese mismo número de registro turístico que las identifica como legales. 

Ahora la pugna entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los ayuntamientos por la regulación de los pisos turísticos se intensifica en el Tribunal Supremo, que en los próximos meses se pronunciará sobre los límites municipales a estos alquileres en uno de los casos más polémicos, el de Bilbao, tras un recurso de casación interpuesto por la Comisión.

En esta ciudad, la normativa sólo permite establecer pisos turísticos en la primera planta de los edificios residenciales o en las plantas inmediatamente inferiores a las viviendas habituales. El pasado junio, el Tribunal de Justicia del País Vasco avaló la postura del consistorio al entender que estaba legitimado "e incluso obligado" a velar por el derecho a la vivienda que asiste a todos los ciudadanos y que puede verse en peligro, "ya sea por la insuficiencia del parque residencial o por el encarecimiento" de los alquileres.

De este modo, los magistrados rechazaban los principales argumentos de la CNMC, que denunciaba la "discriminación" a la que sometía el Ayuntamiento de Bilbao a estos pisos respecto a otros alojamientos como hoteles, pensiones u apartahoteles, que sí pueden ubicarse en edificios de oficinas y comerciales. Zoreda ha calificado estos argumentos de Competencia como "desvaríos", aunque la patronal ya había tildado al organismo en otras ocasiones de "imprudente, chocante y vergonzante". 

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