La ‘generosidad’ del Estado en el rescate a Air Europa pone en jaque la venta a Iberia

El rescate del Estado a Air Europa tiene todavía algunas aristas que hay que pulir para evitar una violación de la normativa de la Unión Europea. Y es que aunque el hecho en sí de inyectar dinero público para mantener a flote una empresa pueda ser objeto de críticas 'per se', también ha generado debate la cuestión de que, una vez saneada, vaya a ser vendida a una empresa privada como es el Grupo IAG, al que pertenece Iberia.

La normativa aprobada por el Gobierno establece que la cuantía que reciba la compañía “será el mínimo necesario para restaurar la viabilidad de la empresa y no podrá implicar una mejora del patrimonio neto de la empresa beneficiaria que supere el registrado a 31 de diciembre de 2019”. En el caso de Air Europa, todavía no ha hecho públicos sus resultados del anterior ejercicio (que suele presentar entre abril y mayo), pero sí que tendrá que remitir de forma detallada su estado económico-financiero al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para solicitar la ayuda.

“Si el acceso a esta ayuda supone mejorar Air Europa más allá de las pérdidas estrictas de la pandemia, infringiría las leyes de competencia europeas”, explica a Vozpópuli Pedro Rubio, socio de Ontier y experto en derecho regulatorio y de competencia. En este sentido, insiste, “lo difícil es que la empresa demuestre que sin esta ayuda estaría abocada al cierre, pero que la crisis económica que vive es exclusivamente consecuencia de la pandemia”.

Por eso, el control sobre la forma y el fondo de la ayuda que reciba será rígido. "Habría un triple control. Primero, el Ministerio de Hacienda, puesto que las ayudas las aprueba el consejo gestor que se encarga de esta gestión; Después, la CNMC, que es la que tiene que analizar si hay una ayuda estatal ilegal; por último, la Comisión Europea, que fiscaliza la violación de los principios de competencia", señala Rubio.

Una ayuda que, además, presionaría a Air Europa "en temas de gobernanza y transparencia". "Se espera que haya un control directo sobre esa empresa con un desembolso público de ese tipo", apunta Sara Rodríguez, abogada asociada del departamento de derecho mercantil de Labe Abogados.

Venderla 'saneada' a Iberia

El rescate de la aerolínea de los Hidalgo también ha puesto sobre la mesa el espinoso debate de recapitalizar con dinero público una empresa para que posteriormente sea vendida a otra empresa privada. Natalia Fabra, economista y catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), alertaba sobre este escenario recientemente en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

En relación con la situación de @AirEuropa (AE), creo que hay que distinguir dos cuestiones de naturaleza bien distinta: (i) su rescate, y (ii) su posible adquisición por parte de otra compañía. Abro hilo (1/N)

— Natalia Fabra (@NataliaFabra) August 11, 2020

Fabra, que es también miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Gobierno, apunta que el análisis de Air Europa debe dividirse en dos partes, una sobre el rescate y la otra sobre la venta a Iberia.

Respecto a su recapitalización, Fabra recuerda que la concesión de ayudas públicas no es algo excepcional y que otras aerolíneas como Air France, Lufthansa o Alitalia también han recibido fondos públicos “con limitaciones sobre bonus, dividendos, compra de otras empresas, y liberación de slots a sus competidores”.

En el caso de Air Europa, la economista explica que si el Estado la considera una empresa “estratégica” debe llevar esa condición ”hasta sus últimas consecuencias”, y apunta que sería deseable que pudiese condicionar decisiones como nombramientos, composición del capital, retribuciones… etc, como ya hace por ejemplo con Red Eléctrica. Una vía sería la entrada del Estado en el capital, una idea que los Hidalgo quieren evitar a toda costa.

En segundo lugar, Fabra apunta que “si el Estado apoya a Air Europa con recursos públicos, debería poder recuperar la rentabilidad de su inversión si Iberia la compra" y advierte que la parte que no se recuperase afectaría al déficit. “Se deberían de poner en marcha mecanismos para evitar que el rescate a Air Europa beneficie a los nuevos propietarios vía un precio menor de adquisición, o a sus actuales propietarios vía un precio mayor de venta del que hubiera resultado en ausencia de rescate”.

Juan Luis Jiménez, profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mantiene una tesis similar y advierte que el rescate “no puede convertirse en un subsidio para que Iberia la compre en mejores condiciones”. A su juicio, esto implicaría un falseamiento de la competencia. "Air Europa está inmersa en un proceso de concentración que todavía no ha sido aceptado ni rechazado por la Comisión Europea. Este es el gran escollo".

Para este economista, el riesgo de un rescate mal calculado redundaría en perjuicio del consumidor, tanto por un uso ineficiente del dinero público como por un posible aumento de precios. “Rescatar una empresa no es ilegal, pero podría llegar a serlo si eso distorsionase la competencia”, apunta.

En esta idea insiste el abogado de Ontier, Pedro Rubio, que reseña: "Si Iberia comprara beneficiada por esto, sería una compra anticompetititiva. El fondo es para exclusivamente restaurar la viabilidad y solvencia e empresas que hayan sufrido por la pandemia".

Además, independientemente de si se vende o no a Iberia, la fusión entre ambas aerolíneas resulta problemática por el solapamiento de rutas. "Por ejemplo, en Canarias, con la política de subsidios que hay para residentes, la fusión podría llevar a una situación de monopolio", añade Jiménez. "La Comisión Europea debería aprobar una fusión con condiciones".

Antonio Robles, director del Curso de Especialización en Derecho de la competencia de la UC3M, añade que la operación no tendría sentido "si es para facilitar una concentración que suprimiría la competencia en un buen número de rutas aéreas" y cuestiona el uso de dinero público "para favorecer los intereses de los accionistas de dos empresas privadas". 

En opinión del profesor, "no parece que se trate de meros problemas transitorios de tesorería, sino más bien relacionados con una crisis de demanda de carácter duradero". Y advierte: "Sostener a una empresa zombie en esas condiciones sería como emplear billetes para mantener la chimenea encendida. Nunca es buen momento, pero éste menos".