Economía

Los agujeros del Castor: piden investigar la "puerta giratoria" del secretario de Energía de Zapatero

Lo reclama explícitamente el grupo ciudadano Caso Castor en el recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional

Ignasi Nieto (derecha), presidente entonces de Ineco, firmando un convenio con Antonio González Marín, presidente entonces de Adif, en el año 2011.
Ignasi Nieto (derecha), presidente entonces de Ineco, firmando un convenio con Antonio González Marín, presidente entonces de Adif, en el año 2011. EUROPA PRESS

El grupo ciudadano Caso Castor pide expresamente en su querella criminal, ahora en fase de recurso de amparo en el Tribunal Constitucional después de ser inadmitida por la Audiencia Nacional, que se investigue la supuesta "puerta giratoria" del exsecretario de Energía durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Ignasi Nieto.

En el recurso de amparo, que de ser inadmitido por el Constitucional sería elevado a la Justicia europea, se esgrime que la jueza de la Audiencia Nacional que inadmitió la querella, Carmen Lamela, no hace mención alguna a este asunto en su escrito desestimatorio de la querella presentada por el mismo grupo ciudadano.

Los querellantes hacen alusión al decreto del 16 de mayo de 2008 por el que "se otorgó la concesión para la explotación del almacén subterráneo de gas natural llamado Castor a Escal UGS SL".

En ese Real Decreto, denuncia el grupo ciudadano, "tuvo un protagonismo principal el querellado Ignasi Nieto Magaldi, secretario general de Energía hasta el 17 de abril de 2008. El Sr. Nieto siguió dirigiendo empresas públicas en el Ministerio de Defensa primero y en el de Fomento después hasta que cesó como presidente de INECO y TIFSA el 29 de febrero del 2012, pasando en aquel momento al sector privado, concretamente como administrador de la sociedad Irem Energy SL, desde el 24 de febrero del 2012, de la cual también era socio el querellado Recaredo Del Potro".

Lo anterior, según los querellantes, demuestra "la concertación de intereses entre ambos querellados, siendo necesaria la investigación de las circunstancias de dicho nombramiento por su posible relación con los actos administrativos facilitados y preparados a favor de la mercantil Escal Ugs SL también propiedad del querellado Sr. Del Potro mientras el Sr. Nieto tenía cargos en el ámbito de la administración pública. Fue precisamente el querellado Sr. Del Potro el liquidador de la sociedad Irem Energy SL en 2014 según el BORME", dice en su querella el grupo Caso Castor.

El citado decreto, insiste la querella, "estableció un polémico artículo 14 con el siguiente inciso final: en caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán en el Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares, en coherencia con lo establecido en el art. 92.1.a de la Ley 34/1998 de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos, se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas. Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria".

"Puerta giratoria"

En el recurso elevado al Constitucional, el grupo Caso Castor esgrime que "en nuestro escrito de querella se recoge un supuesto de lo que coloquialmente se ha denominado puertas giratorias de uno de los responsables del Ministerio de Industria en la época del Castor". 

“Considera el querellante que el hecho de que el Sr. Nieto Magaldi, tras desempeñar determinados cargos en empresas públicas, pasara, cuatro años después del otorgamiento de la concesión, a partir de febrero del 2012, a ser administrador de la sociedad Irem Energy SL de la que era socio Del Potro implica una concertación de intereses entre ambos”, insisten en el recurso de amparo.

Para el grupo Caso Caso, lo anterior es un "elemento objetivo, acreditado y aceptado tanto por la magistrada instructora como por el fiscal anticorrupción. Sin embargo, incomprensiblemente, ni en la resolución recurrida ni en el informe de fiscalía se hace ninguna valoración de dicho dato. Es evidente que este dato (...) actúa claramente como prueba de la concertación de intereses de un representante del ámbito político y de un representante del ámbito económico, lo cual da pleno sustento al relato establecido en la querella y a la necesidad de abrir la investigación penal".

Este periódico se ha intentado contactar de distintas formas con Ignasi Nieto pero no ha sido posible. 



Comentar | Comentarios 0

Tienes que estar registrado para poder escribir comentarios.

Puedes registrarte gratis aquí.

  • Comentarios…

Más comentarios

  • Mejores comentarios…
Volver arriba