Economía

El 'comprador' del aeropuerto de Ciudad Real debe más a Hacienda que el mismo aeropuerto

El juez a cargo de la liquidación del aeropuerto de Ciudad Real ha otorgado más tiempo del comprometido inicialmente al empresario Rafael Gómez Arribas para ejecutar la adquisición del aeródromo, que lleva inoperativo desde hace seis años

Vista aérea del aeropuerto de Ciudad Real.
Vista aérea del aeropuerto de Ciudad Real. Cria.

El aeropuerto de Ciudad Real, y también una empresa de su supuesto comprador, Rafael Gómez Arribas, aparecen en la lista de los grandes morosos de Hacienda publicada esta semana.

El aeródromo figura con una deuda de 7 millones de euros mientras que la sociedad Reformas de Pisos, administrada por Gómez Arribas, cuenta con una deuda de 13,5 millones de euros, superior a la declarada en años anteriores. Hasta 2017 la deuda declarada de Reformas de Pisos con Hacienda era de 9,6 millones de euros.

A pesar de la presencia de la compañía de Gómez Arribas entre los grandes morosos de Hacienda, y de que esa deuda se ha incrementado, el empresario se adjudicó hace dos años el aeropuerto de Ciudad Real, en un proceso organizado por el juez Carmelo Ordóñez, a cargo de la liquidación de CR Aeropuertos, la empresa que creó el aeródromo y que fue declarada en concurso necesario de acreedores.

Gómez Arribas trata de vender el derecho de cobro que tiene de una deuda de 80 millones para pagar el aeropuerto

En octubre de 2015 el magistrado inició un nuevo proceso de venta, y en abril de 2016 adjudicó el aeródromo a la oferta presentada por Gómez Arribas a través de la sociedad CR Internatinal Airport (Cria), que ofreció 56 millones de euros.

Pero Gómez Arribas no ha conseguido cumplir con el compromiso de aportar la cantidad ofrecida en el proceso de venta organizado por el juez hace más de dos años. El magistrado ha ido ampliando los plazos otorgados para que se efectuara el pago debido de forma sucesiva, hasta que puso como fecha final el pasado 20 de abril.

Llegado el día, Gómez Arribas improvisó una rueda de prensa en Ciudad Real para informar que no había logrado reunir la cantidad debida, y culpó al fondo inglés Round Shield Partners, que en teoría se habría asociado con el empresario español para financiar la operación, de haberle dejado tirado sin previo aviso. 

El próximo 19 de julio es la fecha fijada para que Gómez Arribas pague el aeropuerto o se inicie un nuevo proceso de venta

A pesar de la espantada de Gómez Arribas, el juez Carmelo Ordóñez dictó auto el mes pasado estimando una nueva solicitud del empresario para disponer de más tiempo y lograr reunir los más de 50 millones de euros debidos por la compra del aeródromo manchego, estableciendo como fecha límite el próximo 19 de julio de 2018. El juez aceptó la propuesta de CRIA de que se le impusiera una sanción de medio millón de euros si no conseguía cumplir con el abono total del precio.

En el mismo auto, el magistrado indicaba que reanudaría la venta del aeropuerto si CRIA no cumplía el 20 de julio. En ese nuevo proceso, cualquier interesado podría acudir debiendo consignar el 10% de la cantidad ofrecida, que como mínimo deberá ser de 56,2 millones; al mismo, añadía el juez, CRIA podría volver a presentarse a la venta siempre que cumpliera con las condiciones exigidas.

El aeropuerto fue inaugurado en 2008, construido por CR Aeropuertos con el apoyo de Caja Castilla La Mancha; en 2010 la empresa fue declarada en concurso necesario con un pasivo de 399 millones, unos meses después de que fuera intervenida la caja de ahorros. Desde 2012 el aeropuerto está inoperativo.

Deuda con Hacienda

Como señaló Gómez Arribas en una entrevista concedida a este diario, en la que admitió la deuda mantenida con Hacienda por su empresa Reformas de Pisos, también Hacienda le debe a él cerca de 90 millones de euros. 

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenó a finales del pasado año al Gobierno de la Comunidad Autónoma a pagar cerca de 80 millones de euros a sociedades de Rafael Gómez Arribas. Dos empresas de Gómez Arribas habían reclamado, en el año 2009, una indemnización de 85 millones de euros por los perjuicios ocasionados por los efectos de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en Islas Baleares.

Las dos sociedades de Rafael Gómez Arribas eran propietarias de una parcela en Ibiza sobre la que solicitaron licencia para la construcción de un complejo residencial que preveía la edificación de 244 apartamentos. En julio de 2006 se concedió la licencia, pero, cuando ya se estaban construyendo los pisos, fue suspendida.

Ahora, de acuerdo a fuentes que han participado en el proceso de venta del aeropuerto, Gómez Arribas estaría tratando de vender el derecho de cobro frente a Hacienda para pagar la deuda que debe a través de su empresa Reformas de Pisos, y hacer frente también a la compra del aeródromo de Ciudad Real.



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