Los ayuntamientos del PSOE se ponen en pie de guerra y exigen una quita en la deuda con el Estado

Igual que Hacienda ha pedido a los proveedores una quita para cobrar antes la deuda que tienen contraída con ellos los ayuntamientos, las corporaciones gobernadas por los socialistas se sienten con autoridad para pedir al ministro Cristóbal Montoro el mismo trato. Ya lo ha hecho el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, quien acaba de proponer al Gobierno el perdón de una parte de la deuda que deriva de los excesos recibidos por los ayuntamientos en los años 2008 y 2009. En ambos ejercicios los cálculos de recaudación realizados por los gobiernos socialistas fueron demasiado optimistas y se le transfirieron casi 6.000 millones de más a los ayuntamientos, dinero que ahora tienen que devolver.

Hacienda les ha dado para ello un plazo de diez años, pero las corporaciones gobernadas por el PSOE lo consideran insuficiente y exigen una quita que les ayude a superar su asfixia financiera. De momento, los ayuntamientos deben hacer frente a sus obligaciones como si no se hubiera alargado el plazo de pago ya que la medida no tiene aun rango legal. En el caso del ayuntamiento de Zaragoza, la deuda alcanza 90 millones de euros.

Belloch encabeza esta rebelión municipal, de la que también participan la mayoría de los grandes ayuntamientos gobernados por el PSOE. Los socialistas controlan nueve de las cincuenta grandes capitales de provincia y están haciendo oír su voz en Madrid a través de Belloch.

La respuesta de Hacienda no se ha hecho esperar: no se plantea quita alguna en la deuda municipal con el Estado ya que en una coyuntura tan convulsa cualquier condonación de deuda supondría el cierre definitivo de los mercados para las corporaciones supuestamente favorecidas por la quita.

 Los ayuntamientos socialistas también exigen al Gobierno que transforme las tasas municipales en impuestos con el fin de no tener límites legales para aumentar sus ingresos en un momento en el que encuentran dificultades para deshacerse de las llamadas competencias impropias.

 En la cartilla de exigencias figura también la creación de un fondo de emergencia social para afrontar los servicios relacionados con la dependencia, la tercera edad y la inmigración.

 Belloch y el resto de los alcaldes de grandes ciudades que militan en su partido aspiran a encauzar estas demandas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, pero no lo tienen fácil porque el PP controla en estos momentos 34 de las 50 grandes ayuntamientos.