Valerio reconoce que la subida de SMI fue una concesión a Podemos para salvar los PGE

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha confesado este martes que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros fue una concesión a la formación Unidos Podemos para asegurar su apoyo a los Presupuestos de 2019. Y ese fue el motivo por el que se saltó el diálogo social con sindicatos y empresarios.

"Hay que encontrar un punto de equilibrio entre el diálogo social y el político, la situación parlamentaria es la que es", ha dicho la ministra a los medios tras participar en unas jornadas sobre las relaciones laborales en CEOE. "El Gobierno tiene la obligación de sacar adelante los Presupuestos y, para sacarlos, hay que encontrar un punto de equilibrio y sumar dos diálogos, el social y el político", ha añadido.

La subida del SMI fue una de las principales medidas del acuerdo que cerraron el Gobierno y Unidos Podemos antes de mandar el plan presupuestario a Bruselas el 15 de octubre. La solución se quedaba a medio cambio entre los 1.000 euros que pedían los morados y los 850 que había ofrecido el Ejecutivo inicialmente. 

El acuerdo de Gobierno y Unidos Podemos dinamitó el pacto a tres años que firmó Rajoy con los agentes sociales

Normalmente las subidas del SMI se negocian en el diálogo social. De hecho, la subida pactada para 2019 dinamita el acuerdo a tres años que cerró el Gobierno de Mariano Rajoy en su última etapa de Gobierno. Se acordó entonces subir el SMI un 4% en 2018, hasta los 736 euros al mes, un 5% en 2019 (773 euros) y un 10% en 2020, hasta 850 euros mensuales.

El pacto de la izquierda se salta este acuerdo y eleva directamente el SMI de los 736 euros a 900 euros en 14 mensualidades, lo que supone la mayor subida de este parámetro a lo largo de la historia. De hecho, la medida ha levantado mucha polémica ante el posible impacto que puede generar en la economía y el empleo una subida que no tiene precedentes.

Además de reconocer la concesión a Podemos, Valerio ha aprovechado para negar la posibilidad de que el Gobierno plantee una contrarreforma del mercado laboral para frenar los aspectos más lesivos del último cambio normativo del PP, aunque sí se harán importantes retoques que afectarán a la negociación colectiva, la subcontratación y la prórroga de los convenios.

Nuevo Estatuto

También ha resaltado la importancia de seguir trabajando en la redacción de un nuevo Estatuto de Trabajadores que recoja las particularidades del mercado laboral del siglo XXI, puesto que la realidad del empleo de hoy es muy distinta a la de hace 50 años por la digitalización y la robotización de la economía. Y seguirá cambiando en los próximos años.

A su parecer, España tiene una gran oportunidad para resolver grandes problemas estructurales del país para asegurar un empleo de calidad como, por ejemplo, la necesidad de abordar el problema de la competitividad de las empresas desde otras perspectivas que no sean los costes laborales, como la innovación o la calidad.