Publicado: 01/08/2018 05:15
El Gobierno prometió a los taxistas este lunes un "reequilibrio" de la balanza que regula el número de vehículos de transporte con conductor (VTC) por taxis. La relación tiene que ser el repetido ratio: una licencia VTC por cada 30 taxis. Una promesa que contaría con una intención de recortar la cifra de estas licencias. De ser así, el Ejecutivo tiene un serio problema en la Comunidad de Madrid.
De las más de 7.000 licencias de VTC que hay en España, 4.800 están en esta comunidad. De ellas, 4.100, el 85%, han sido concedidas a través de sentencias judiciales, según han confirmado fuentes cercanas a la Comunidad de Madrid. "Nosotros llevamos sin dar licencias desde 2009 al existir una situación de desequilibrio", aseguran.
La VTCs que llegaron a través de sentencias judiciales tienen como origen que las comunidades autónomas rechazaron conceder VTCs en los años en el que el sector estaba desregulado. Por ello, los solicitantes recurrieron los rechazos a los tribunales. La justicia les dio la razón y se comenzó a conceder licencias.
Son licencias que obligó a dar un juzgado y que ahora no se pueden retirar"
"Son licencias que obligó a dar un juzgado y que ahora no se pueden retirar", añaden a este medio las mismas fuentes. Con ese proceso, el balance actual de la Comunidad de Madrid es de 4.800 VTCs y cerca de 15.400 taxis. Un ratio que ronda una licencia de vehículos de transporte con conductor por 3,2 taxis, muy lejos del uno por cada 10 que piden los taxistas. Por ello, el Gobierno tendrá que llevar la contraria a la justicia si quiere "reequilibrar" en Madrid.
Ley Ómnibus
Este desfase tiene como origen en la Ley Ónmibus del Gobierno de Zapatero, que en diciembre de 2009 liberalizó el sector. Una liberación que por entonces no provocaba ningún problema entre taxistas y otros conductores. Pero la irrupción de Uber y Cabify provocó las quejas de esta normativa por parte del sector del taxi.
La resolución fue que en julio de 2013, ya con el Ejecutivo de Rajoy, se llevó a cabo una modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) para volver a fijar esa limitación de una VTC por cada 30 taxis, que era la que imperaba antes de Ley Ónmibus.
En noviembre de 2015, la LOTT se completa con el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, o ROTT. La intervención de la justicia en este conflicto tiene que ver con las licencias de VTC que se solicitaron entre la LOTT y la ROTT, donde en esos momentos había un limbo legal.
La Comunidad de Madrid continuó negándose a otorgar nuevas licencias. Pero la demanda de VTCs se disparó por el elevado volumen de negocio que ofrecía la capital. Y el conflicto llegó a manos de la justicia que terminó dando la razón a aquellas peticiones y ahora sus licencias tiene el 'sello' judicial.
Vigilancia, inspección y control
El objetivo del Ministerio de Fomento es "que sean las administraciones autonómicas las que tengan la capacidad para regular en este sector, incluyendo la posibilidad de una licencia". Pero según apuntan representantes de varias comunidades este cambio "carece de sentido" y este miércoles lo debatirán en la Conferencia Nacional del Transporte.
En estos momentos, las responsabilidades de las administraciones autonómicas en este ámbito es la vigilancia, la inspección y el control de la normativa. Sólo en la Comunidad de Madrid, en el último año se realizaron cerca de 13.000 inspecciones a conductores de VTC y realizaron 4.000 sanciones, la mayoría de ellas por captar clientes por la calle. Unas tareas que parecen que se mantendrán pese a la insistencia del Gobierno.
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