Publicado: 23/06/2016 04:00
El Parlamento Europeo enviará en las próximas semanas un requerimiento al Gobierno español para que dé explicaciones sobre los cambios normativos que en 2014 sustentaron el hachazo renovable y sobre el Real Decreto de Autoconsumo aprobado en octubre de 2015.
La Comisión de Peticiones, presidida por Cecilia Wikström, comunicará este jueves en el Europarlamento que su equipo prepara un informe sobre la situación de las renovables en España tras el encuentro que tuvo en la tarde del martes con representantes de las patronales fotovoltaicas Unef y Anpier, así como con el portavoz jurídico de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y con un ciudadano de Zaragoza que consiguió 250.000 firmas en Change.org para poder asistir a la reunión.
La mayoría de los europarlamentarios, excepto la representante del PP, respaldaron que el procedimiento siga abierto y que España se vea obligada a dar explicaciones
Los cuatro peticionarios españoles expusieron, durante dos horas y media, ante unos 20 eurodiputados, la mayoría de ellos españoles, la situación que sufre el sector renovable en España y el daño que, a su criterio, han hecho el Real Decreto, y la orden ministerial posterior, que fijan los recortes a la retribución renovable y la rentabilidad razonable del 7,5%.
Los cuatro peticionarios también hicieron saber a los eurodiputados que con el RD de Autoconsumo aprobado por el Gobierno, el desarrollo de este tipo de generación eléctrica desde los hogares es inviable.
Las comparecencias estuvieron precedidas de la presentación de un informe del prestigioso Instituto Fraunhofer, que sostiene que la normativa española impide el desarrollo del autoconsumo por los altos costes que implican para los productores (hogares, pequeñas empresas, instituciones…) el peaje de respaldo (pago por el uso de la red eléctrica de las empresas tradicionales) y las tasas adicionales fijadas en la norma.
El informe estudia la situación del autoconsumo en varios países (Bélgica, Italia, Hungría…), pero está esencialmente centrado en el caso español.
Al encuentro asistieron los técnicos de Derechos Ciudadanos, que serán los que elaborarán el informe definitivo, así como representantes de la Comisión Europea, señalan las fuentes consultadas.
Entre los asistentes a la Comisión de Peticiones estaban 'Pepiño' Blanco, Ernest Maragall, Soledad Cabezón, Jordi Sebastià, Ramón Tremosa y Ernest Urtasun
El escenario descrito por los peticionarios es tan desolador que la Eurocámara requerirá información detallada y argumentada sobre qué criterios e informes técnicos se han utilizado para justificar los recortes, por un lado, y el RD de Autoconsumo, por otro.
Será el nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones de este domingo el que tendrá que contestar al requerimiento informativo de Estrasburgo. Las fuentes consultadas cantan victoria gracias a que el procedimiento no se ha cerrado y seguirá su curso. “Lento, pero seguirá abierto el proceso. Esperemos que a la vuelta del verano, el nuevo Gobierno se vea obligado a contestar al requerimiento informativo. Si el Parlamento y la Comisión Europea vieran base jurídica para actuar contra España por los recortes retroactivos y la vulneración de las normas de seguridad jurídica y confianza legítima de las inversiones, el siguiente paso sería la apertura de un expediente sancionador contra el Reino de España. Pero eso tardará”, señalan a Vozpópuli las fuentes consultadas.
Los cuatro portavoces renovables criticaron que la Comisión Europea, hasta ahora, haya mirado para otro lado al rechazar la apertura de un procedimiento de infracción contra España por los recortes retroactivos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha avalado el recorte aplicado por el Gobierno en 2014.
Entre los eurodiputados españoles presentes en el Comité de Peticiones del martes estaban José Blanco, Ramón Tremosa, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Soledad Cabezón, Beatriz Becerra, Jordi Sebastià y Rosa Estarás.
Fue precisamente esta última, eurodiputada por el PP, junto a su colega polaco, la que se mostró en contra de que el procedimiento siga abierto y criticó duramente el informe del Instituto Fraunhofer, que lo calificó sesgado y de parte.
Por abrumadora mayoría de los europarlamentarios presentes salió adelante la propuesta de mantener abierto el proceso y exigir la información pertinente al Gobierno español.
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