Publicado: 05/05/2019 05:15
La ley Helms-Burton, activada de nuevo tras más de 20 años paralizada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en un intento de estrechar el cerco contra la isla de Cuba, no sólo afecta a las empresas extranjeras operando en la isla, va más allá de exigir indemnizaciones por operar con bienes confiscados.
En una última instancia permite al Gobierno norteamericano impedir la entrada en el país a todos los directivos y accionistas mayoritarios cuyas compañías hayan sido demandadas o estén en una batalla judicial a raíz de la activación de la normativa, así como congelar todos los activos de dichas empresas tengan en Estados Unidos.
El pasado mes de abril, el siempre polémico Donald Trump anunció en una decisión sin precedentes que activaría de nuevo los artículos III y IV de la ley conocida como Helms-Burton Act -paralizada desde su creación, en 1996- cuyo objetivo político no es otro que estrechar el cerco económico contra Cuba y paralizar las inversiones extranjeras en la isla.
Estados Unidos puede denegarle el visado de entrada o incluso expulsar del país a cualquier directivo y accionista mayoritario cuya empresa esté implicada en una demanda
El título III de la normativa -el que más titulares ha ocupado en los últimos días- permite a los ciudadanos estadounidenses presentar demandas ante los tribunales norteamericanos contra aquellas empresas internacionales que estén haciendo negocios sobre terrenos o activos que eran de su propiedad antes de la revolución cubana de 1959.
Es decir, un exiliado cubano con nacionalidad norteamericana tiene la posibilidad -desde el pasado 2 de mayo, para ser exactos- de presentar una demanda por daños contra una compañía extranjera que esté haciendo uso de un terreno que Fidel Castro le expropió hace 50 años. A ojos de la legislación activada por Trump, operar en la isla sobre estos terrenos o propiedades estaría considerado como ‘traficar’ con bienes expropiados.
Este artículo ha provocado toda una oleada de reacciones, ya que afecta especialmente a las empresas hoteleras de la Unión Europea y Canadá que operan en la isla caribeña, cuya economía depende en gran medida del turismo. Entre ellas se encuentran gigantes del sector hotelero español como Meliá e Iberostar, que en total cuentan con 53 hoteles en la isla, lo que supone un total de 21.300 habitaciones entre los dos.
Expulsión de directivos
No obstante, el impacto de la legislación no termina ahí, sino que va más allá. El artículo IV, que nunca estuvo suspendido, sino que apenas se ha llegado a aplicar en su totalidad debido a la paralización generalizada de la normativa, establece el Gobierno de Estados Unidos puede denegarle el visado de entrada o incluso expulsar del país a cualquier directivo y accionista mayoritario -así como sus familiares- cuya empresa esté implicada en una demanda por traficar con bienes expropiados en Cuba.
Para Ignacio Aparicio, abogado y responsable de la Cuban Desk en Andersen Tax & Legal, es en el artículo IV donde reside una de las principales preocupaciones de multinacionales como Meliá o Iberostar, y no en las posibles demandas por daños. “Hay que tener en cuenta que lo que permite la ley es entablar una demanda por daños, lo que no va a haber es una pérdida de los terrenos, sino una reclamación por daños por traficar con terrenos cuyos propietarios son ciudadanos estadounidenses”, apunta.
“Estamos hablando de grandes corporaciones que a la hora de hacer sus inversiones ya habían tenido en cuenta este escenario”, asegura. A su modo de ver, empresas como Meliá o Iberostar ya analizaron la posible activación de la ley Helms-Burton como parte del riesgo de invertir en Cuba. Por otro lado, al ser multinacionales con gran cantidad de recursos, cuentan con los equipos legales necesarios para combatir dichas demandas en caso de producirse.
Denegación de visados
Por otro lado, prepararse para hacer frente al otro artículo resulta mucho más complicado. “El título IV establece la denegación de visados y la exclusión de Estados Unidos a aquellas personas que hayan confiscado o trafiquen con propiedad confiscada en Cuba que haya sido reclamada por ciudadanos estadounidenses”, reza la directiva en cuestión.
A pesar de que ha sido utilizado en muy pocas ocasiones, existe precedente, como es el caso de la empresa minera ycanadiense Sherritt International, cuyos directivos fueron penalizados en 1996 y se les prohibió la entrada en Estados Unidos tanto a ellos como a sus familiares.
“Si a empresas como Meliá o Iberostar se les interpone una demanda, por lo cual, a ojos de la Administración estadounidense se entiende que pueden estar operando con propiedades confiscadas, el secretario de Estado puede denegarle el visado o expulsar del país a todos sus directivos”, explica Aparicio. “Es por eso por lo que las multinacionales que pueden verse afectadas están muy preocupadas, por esta posible aplicación, nos han llegado consultas al respecto”, afirma.
Comienzan las demandas
No es necesario especular sobre si este nuevo capítulo en la política exterior de Cuba y Estados Unidos afectará o no a las hoteleras españolas, ya que Nick Gutiérrez, el abogado norteamericano que asesora a medio centenar de familias cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen castrista, ya ha asegurado en una entrevista con El País que sus clientes interpondrán demandas contra el grupo que lidera Gabriel Escarrer en Estados Unidos, después de haberlo hecho ya a través de los tribunales españoles.
Meliá ha sido una de las pocas compañías españolas afectadas que se ha pronunciado al respecto, emitiendo hace unos días un comunicado en el que aseguraba que siempre ha “operado siempre legítimamente en Cuba y en otros 44 países, habiendo realizado una gestión impecable, profesional y responsable desde hace 30 años en el país”.
La empresa tiene 32 hoteles operativos en el archipiélago, 7 en construcción y unas 15.000 habitaciones, mientras que Iberostar tiene 21 hoteles y 6.300 habitaciones. Por si fuera poco, la hotelera que dirige la familia Fluxá tiene un importante plan de expansión con el que espera aumentar en más de 5.000 habitaciones sus plazas ofertadas en Cuba.
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