Techo de gasto y déficit: lo que puede y no puede negociar el Gobierno con Podemos

El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó de nuevo este miércoles la senda de consolidación fiscal que tumbó el Congreso a finales de julio, pero lo cierto es que su aprobación definitiva sigue lejos de despejarse. El Gobierno llevará de nuevo esa misma senda al Consejo de Ministros del viernes y después al Parlamento, donde el equipo de Pedro Sánchez necesita reeditar la mayoría que le llevó a La Moncloa y superar más el trámite del Senado.

Lo cierto es que la cosa no pinta bien en ninguna de las dos Cámaras. En el Congreso, el PSOE necesita a casi todas las formaciones que secundaron la moción de censura (Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias). Los de los nacionalistas vascos están casi asegurados, pero amarrar los de los morados facilitaría arrastrar después a los de los indepependentistas catalanes. A pesar de ello, el PP sigue teniendo mayoría absoluta en la Cámara Alta y una capacidad de veto que está decidido a usar para frenar lo que supone el paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Después de semanas de conversaciones informales, el Gobierno convocó en la tarde de este miércoles a los representantes de Unidos Podemos para comenzar la negociación formal. Aunque no hay que olvidar que el grupo morado -donde también está Izquierda Unida- solo cuenta con 67 diputados y no va a regalar su voto a los socialistas así como así.

De hecho, en Unidos Podemos dicen acudir a la negociación sin líneas rojas, aunque tienen muy claro lo que quieren del Ejecutivo: exigen que renegocie con Bruselas la senda de consolidación fiscal para dar prioridad al crecimiento, que se derogue la Ley de Estabilidad para evitar el veto del PP en el Senado, que se eliminen las SICAV y que se limiten los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados.

El Gobierno ni se plantea renegociar la senda de déficit ni derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar choques con Bruselas

El problema es que el Gobierno también tiene claro que lo último que puede hacer en estos momentos es enfrentarse a Bruselas, así que no renegociará la senda de déficit ni derogará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero no se descarta del todo la idea de modificarla. El cambio es difícil y el momento poco propicio, pero el Gobierno ya ha reconocido que ha estudiado la fórmula para poder hacerlo. 

Actualmente, la Ley elaborada por el exministro Cristóbal Montoro y aprobada en 2012 con la mayoría absoluta del PP obliga a que la senda de consolidación fiscal obtenga el visto bueno de las dos Cámaras, algo que no ocurre con el resto de normas. Por ejemplo, cuando el Senado veta el Presupuesto, el Congreso puede levantar el veto con mayoría absoluta una vez que el texto sale de la Cámara Alta. Y puede que esa sea la vía que esté intentando explorar el Gobierno.

En cualquier caso, Unidos Podemos insiste en pedir una derogación de la norma para acabar con la regla de gasto que impide a los Ayuntamientos saneados reinvertir el superávit y destinarlo en políticas sociales. Las posiciones con los socialistas en este punto no son tan distantes, puesto que el PSOE ya se mostró abierto a estudiar la flexibilización de dicha norma. 

¿Acuerdos fiscales?

Donde sí podemos ver alguna posibilidad de acuerdo es en el tema fiscal. Ambas formaciones coinciden ya en la necesidad de fijar un tipo mínimo del 15% en Sociedades, en la creación de la 'tasa Google' o de un impuesto a la banca. Y pueden llegar a puntos de encuentro en materia de SICAV e incluso a algún pequeño cambio en los planes de pensiones.

Por otro lado, el documento de diecisiete páginas remitido el pasado miércoles al Gobierno por Unidos Podemos también pedía incrementar el tipo marginal del IRPF para las rentas mayores de 60.000 euros (un 4% de la población tribuntante en España). El Ejecutivo ofreció una tibia respuesta, aunque dejó claro que el incremento de la recaudación se debía hacer "sin afectar a la clase media". Aunque se da por descontado que los socialistas no tocarán el IRPF en esa franja, no está claro si podrían llegar a acercar posturas. El PSOE planteó en sus Presupuestos Alternativos de abril una subida del tipo máximo a las rentas de más de 150.000 euros, con los que pretendía recaudar 400 millones. Sólo el 0,35% de los contribuyentes percibe rentas que supera ese umbral.

Por otro lado, el texto de los morados planteaba derogar también los Reales Decretos de racionalización del gasto promulgados por el PP en Educación, Sanidad y Dependencia. El Gobierno de Sánchez modificó nada más llegar a La Moncloa el que limitaba el acceso a la Sanidad Universal para los inmigrantes irregulares y se ha mostrado dispuesto a derogar con "celeridad" de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

Las SICAV, en el punto de mira

Si echamos un poco la vista atrás y recogemos las propuestas electorales de las últimas elecciones, vemos que los cuatro grandes partidos políticos decidieron meter en sus programas electorales distintas reformas sobre las SICAV. El mensaje más duro, sin duda, fue el de Podemos, que pedía acabar con ellas directamente. Y es eso precisamente lo que vuelve a reclamar la formación morada al Ejecutivo.

Y puede que el equipo de Pedro Sánchez esté dispuesto a dar algún paso al frente por esta vía, pero sin llegar a eliminar estos productos. En su programa, abogaba por limitar el patrimonio de sus accionistas mayoritarios. Y podría restringir a un 0,55% del capital el porcentaje mínimo para que un accionista compute entre los 100 que exige la norma para disfrutar de la tributación reducida, como proponían PP y Ciudadanos.

Más difícil es que haya acuerdo sobre los cambios en la fiscalidad de los planes de pensiones, un producto al que el Partido Socialista nunca se ha opuesto. Sin embargo, no hay que olvidar que es una de las grandes peticiones históricas de la formación morada y que ceder un poco podría suponer un guiño importante en este sentido.