Publicado: 06/10/2014 18:23
Los abogados de Bankia consideran que Rodrigo Rato no tiene ninguna responsabilidad en la concesión de tarjetas opacas en la entidad tras la fusión de Caja Madrid con otras siete cajas. Según el dictamen jurídico elaborado por el bufete Herbert Smith Freehills para la entidad, los 245.200 euros que se pagaron durante la presidencia del ex ministro de economía del PP a 20 directivos entre enero de 2011 y mayo de 2012 no son responsabilidad de Rodrigo Rato y su equipo sino de “un estado de cosas preexistente”.
Rato sólo dio continuidad "a un estado de cosas preexistente”
El informe de 7 páginas fechado el pasado 16 de junio, enviado a Bankia y que ha sido trasladado al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) exculpa al anterior equipo gestor de Bankia asegurando que “estamos ante una conducta en apariencia de naturaleza fundamentalmente omisiva que consiste en tolerar la continuación de un estado de cosas”, es decir, que carece de responsabilidad porque sólo mantuvo en funcionamiento el esquema diseñado por el anterior presidente, Miguel Blesa, y su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj. De hecho, sin mencionarlos explícitamente, los abogados a los que Bankia ha encargado su dictamen jurídico sí afirman que “el designio o génesis, en el sectivo activo o positivo que exige la norma, sería atribuible a quienes inicialmente pudieran haber tomado la decisión en el seno de Caja Madrid”.
Una estrategia ya marcada
Bankia asegura que “ese dictamen jurídico no es vinculante” y afirma que han de ser la Fiscalía y el FROB como principal accionista de la entidad los que definan los futuros pasos jurídicos. Sin embargo, el informe de Herbert Smith Freehills deja claramente marcada la estrategia a seguir: perseguir únicamente las llamadas “tarjetas Caja Madrid” y considerar zanjado el de las “tarjetas Bankia” con el argumento de que sus beneficiarios ya han devuelto el dinero que les reclamaba la entidad.
“No se advierte razonablemente relevancia jurídico penal en las conductas o actuaciones consideradas, tanto en cuanto a la disposición de cantidades con cargo a las tarjetas como en lo relativo a su mantenimiento hasta que fueron canceladas”, plantean los abogados de la entidad en las conclusiones de su informe.
Sin “dolo” en el caso del equipo de Rato
La argumentación jurídica del bufete es que no se puede sostener el delito de administración desleal o fraude porque “es requisito esencial para la apreciación de este delito que haya existido quebrantamiento de los deberes de lealtad y fidelidad que presiden la relación de confianza entre los administradores y la sociedad que administran”, algo que los abogados de Bankia no aprecian en este caso. Igualmente, plantean que “se requiere la presencia de dolo, esto es, que exista conocimiento de la ilicitud de la conducta y voluntad de querer llevar a cabo dicha conducta”, algo que Bankia no aprecia en el caso de Rodrigo Rato y su equipo.
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