Economía

El TC anula las 35 horas semanales para los funcionarios andaluces

Fachada del Tribunal Constitucional
Fachada del Tribunal Constitucional EFE

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso del Gobierno central contra el decreto-Ley 5/2016 de la Junta de Andalucía que reduce a 35 las horas semanales de trabajo para los trabajadores públicos, de forma que el TC ha anulado dicho decreto.

El Pleno del Tribunal considera que dicho decreto, que también reduce a 18 las horas lectivas para el personal docente de Andalucía, "vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el regimen jurídico de las administraciones públicas". 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, explica la sentencia, fue aprobada por el Gobierno en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral y para establecer las bases tanto del régimen jurídico de las Administraciones públicas como del régimen estatutario de sus funcionarios.

Dicha norma determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, "no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual".

En consecuencia, el establecimiento por la ley recurrida de una jornada de treinta y cinco horas semanales de promedio al año "resulta incompatible" con la ley estatal, que la fija en un mínimo de treinta y siete horas y media semanales, dice el TC.

Anuladas las 18 horas lectivas

Lo mismo ocurre con las horas lectivas semanales del personal docente de Andalucía, que el Decreto-ley impugnado fija en 18 horas, a excepción del profesorado de educación infantil y primaria.

En este caso, la regulación autonómica también es considerada por el Pleno incompatible con la estatal: "la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas está regulada en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación", dice el TC.

Esa norma establece que "en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos" esta parte lectiva "será, como mínimo, de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas".

Finalmente, el Tribunal explica que, una vez declarada la inconstitucionalidad del decreto recurrido por razones competenciales, no es necesario pronunciarse sobre la eventual vulneración, también denunciada por el recurrente, del Estatuto de Autonomía andaluz



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