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Economía

La inflación y la salida de capitales cuestionan aún más las cuentas públicas de 2013

Luis de Guindos (izda), junto a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Los planes del Gobierno para las cuentas de 2013 no funcionan desde su primer día. Como en el juego en el que se intenta dar el martillazo a un topo que sale por muchos agujeros, la subida del IVA se traslada enseguida a la inflación, cuyo dato adelantado de septiembre escala un 0,8 por ciento en un mes y se ubica en el 3,5 por ciento interanual.

Pese a que el alza de precios puede en teoría aumentar los ingresos indirectos, la mayoría de los expertos apunta que esta inflación erosionará la renta disponible y por tanto el consumo y la recaudación, convirtiendo en imposibles los objetivos de los presupuestos de 2013. Por si fuera poco, la salida de capitales hasta julio ronda los 235.000 millones, resta dinero para la inversión y pone en duda la previsión recogida en los presupuestos de que ésta sólo caiga un 2 por ciento, máxime cuando el año pasado se desplomó prácticamente un 10 por ciento.  

El Gobierno no podrá revalorizar las pensiones conforme al encarecimiento de la vida, porque costaría unos 5.000 millones y la Seguridad Social ni siquiera tiene suficiente para afrontar los pagos corrientes en la actualidad. Ya ha tenido que recurrir a 4.500 millones de las mutuas y 3.000 millones del Fondo de Reserva.

Tampoco parece que el Ejecutivo pueda actualizar en estas circunstancias las bases imponibles del IRPF, lo que implica una subida de impuestos encubierta.

El BCE tendrá más difícil justificar la ayuda a España con la inflación situada en el 3,5 por ciento. Los halcones del banco central argumentan que el problema de fondo estriba en la falta de productividad de la economía española y no en los mercados, de modo que encontrarán argumentos muy poderosos en ese dato de IPC en medio de un entorno recesivo. Y por supuesto exigirán condiciones más exigentes.

Esto implica que hay demasiados sectores de la economía, como los combustibles, la electricidad, el agua, las telecos o el transporte que tienen mercados casi cautivos y que por tanto pueden mostrarse insensibles a la coyuntura y elevar los precios. Un hecho que pone muy en solfa todos los esfuerzos del Gobierno para mejorar la competitividad de la economía.

Semejante inflación y su consiguiente efecto en la competitividad también cuestiona el incremento de las exportaciones de un 6 por ciento cuando la economía del resto de Europa se ralentiza. 

Con todas las previsiones cuadradas a martillazos, los mercados asumen ya que el rescate es inminente. O se incide más sobre el gasto o los ingresos no van a contribuir a la corrección del déficit.

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