El plan de reformas del Gobierno Rajoy para el día 26: energía, pensiones, políticas activas de empleo y pymes

Bruselas mete una vez más presión a España recomendando nuevas subidas del IVA o el mayor abaratamiento del despido. Sin embargo, con su parsimonia habitual, el Gobierno de Mariano Rajoy no quiere darse por aludido. Su misión ahora consiste en preservar esa suerte de brotes verdes que hace escasos meses empezaban a vislumbrarse a la vuelta de la esquina pero que hoy se ven un poco más lejos.

Por eso, el Ejecutivo apenas tocará los tributos salvo por los hidrocarburos y algunas pequeñas desgravaciones a las pymes que exporten y se dediquen al I+D. Si alguna lección ha extraído este Gabinete de los incrementos de impuestos, es que lastran mucho la actividad. De modo que en la presentación del Plan Nacional de Reformas que tendrá lugar el próximo viernes 26 de abril, el Gobierno pondrá el foco en las medidas que atajen los gastos estructurales al alza, esto es energía y pensiones, y en las iniciativas que promuevan el crecimiento, como las políticas activas de empleo y el apoyo a las pymes.

Durante el anuncio del Plan Nacional de Reformas de 2013 y del Plan de Estabilización a cuatro años, el Ejecutivo volverá a aturdir a la ciudadanía con una ingente batería de medidas. Sin embargo, más bien se tratará de una declaración de intenciones y apenas se brindarán detalles, sobre todo porque no hay margen presupuestario para poder ofrecer un paquete que de verdad estimule el crecimiento.

Aunque eso sí, el Gobierno por fin confeccionará un nuevo cuadro de previsiones en el que reconocerá que fue excesivamente optimista con las estimaciones para este año y las reajustará hacia un decrecimiento del entorno del -1 por ciento, todavía bastante más positivo que el consenso de los analistas, que ronda el -1,5.

Las próximas reformas: energía

La energía será uno de los capítulos estrella para los meses venideros. Y aunque el secretario de Estado Alberto Nadal ya ha pisado a fondo el acelerador, la única medida concreta que ha adelantado Industria para el sector energético es una reforma del mercado mayorista de electricidad (el denominado pool), para adecuarlo a la situación actual, marcada por la proliferación de las energías renovables, la caída de la demanda y un exceso de capacidad que se va a mantener en los próximos años, según advertía este miércoles la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La Secretaría de Estado de Energía está analizando con lupa los ingresos y costes del sector eléctrico y trabaja en una solución definitiva para el déficit de tarifa (desfase entre ingresos y costes regulados del sistema), que sólo entre enero y febrero superó los 1.000 millones de euros, pese a la hiperactividad regulatoria del departamento de José Manuel Soria en el año largo que el canario lleva en el Ministerio.

En el sector se da por hecho un nuevo recorte a la actividad de distribución (un coste regulado), y algunas fuentes no descartan un nuevo recorte de las primas a las energías renovables. La enésima reforma “no va a gustar a las empresas”, según anunció a principios de este mes Soria. La semana pasada, un informe de Goldman Sachs resumía así las expectativas para las eléctricas tradicionales, los operadores de redes (Enagás y REE) y las compañías de energías renovables: “Esperamos más dolor para España”.

Además, Bruselas presiona para que se liberalice el mercado y por lo tanto se rebaje el umbral de beneficiarios de la tarifa de último recurso, de la que disfrutan más de 20 millones de hogares y pymes. Soria anunció en septiembre pasado que esta medida se llevaría a cabo durante este 2013. Sin embargo, su empuje inicial parece haberse desvanecido.

Las pensiones y políticas de empleo

El otro apartado ineludible son las pensiones. El Ministerio de Empleo ya ha formado un comité de expertos que recomendarán la llamada fórmula de la sostenibilidad, un nuevo cálculo de las prestaciones que se desligará de la inflación y contemplará factores como el número de cotizantes y beneficiarios o la coyuntura económica. Traducido: un tajo al gasto futuro de esta partida. El Ejecutivo espera poder llegar a un acuerdo en esta materia con el PSOE, CiU e incluso Comisiones Obreras. El calendario fijado consiste en que esta propuesta se lleve al Pacto de Toledo en mayo y que se apruebe en junio para que entre en vigor en diciembre.

Bruselas también ha exigido una evaluación de la reforma laboral, algo que sí llevará a cabo el Gobierno, y una mejora drástica de las políticas activas de empleo. Para esto último, la ministra Fátima Báñez ha planteado una solución revolucionaria en España. La titular de Empleo ha negociado ya con las Comunidades que sólo les brindará fondos por resultados. Es decir, por los parados que consigan colocar y por aquellos que logren formar.

Pymes y financiación

Y la cuarta pata estriba en una plétora de medidas destinadas a incentivar el emprendimiento, bonificar la contratación de jóvenes y desbloquear la financiación de pymes. Desde la tarifa plana de 50 euros durante seis meses a las mayores facilidades para capitalizar el desempleo pasando por desgravaciones a la pyme o el desembolso del IVA sólo cuando se ha cobrado, el Gobierno apuntará numerosas iniciativas bienintencionadas pero que lamentablemente carecerán del respaldo económico necesario para que tengan impacto.

Respecto al crédito, la idea es, por un lado, desplegar sistemas de avales y financiación alternativa, y por otro reciclar recursos del ICO, la banca sana y la nacionalizada para destinarlos a préstamos para empresas de sectores productivos.

A todo esto habrá que añadir un listado de reformas que aún se encuentran en el tintero, como la definición de carteras de prestaciones en la Sanidad, la Ley de Servicios Profesionales, la creación de una Agencia de Internacionalización, el estatuto profesional del profesorado o nuevas iniciativas para la promoción y fidelización del turismo. Lo dicho, muchas medidas con poco margen.