Publicado: 20/05/2013 18:22
El Gobierno absorberá las competencias de los ayuntamientos que no cumplan un “umbral de eficiencia”. Así lo han revelado fuentes del Ministerio de Hacienda, que aseguran que 9 de cada 10 municipios de menos de 5.000 habitantes podrían estar afectados por la medida porque, a día de hoy, son “profundamente ineficientes”.
La reforma de las Administraciones Locales que prepara el Ejecutivo no obligará a fusionarse a las entidades locales pero sí amenaza con absorber sus servicios, sobre todo, a los ayuntamientos más pequeños. Sus costes de prestación por ciertos servicios son, a día de hoy, de 1.219 euros per cápita, hasta el triple que los municipios más grandes. “No se obliga a la fusión pero sí obliga a la absorción de atribuciones y servicios”, han asegurado fuentes de Hacienda.
"Es un plan profundamente municipalista", afirma Hacienda
El Gobierno asegura que nueve de cada diez ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes (el 92,1%) son “ineficientes” en la gestión. Es la conclusión del análisis de costes que ha hecho el Ministerio de Hacienda que asegura que los consistorios pequeños llegan a pagar hasta tres veces más por los mismos servicios que los municipios grandes.
El Ejecutivo calcula que la reforma de esos municipios (eliminación de duplicidades, mancomunidad de servicios y eliminación de cargos electos) permitirán al Gobierno ahorra 7.129 millones de euros. Serán las Diputaciones Provinciales las que presten los servicios “no eficientes” de manera más barata por cuanto agregarán más de 20.000 habitantes ganando “economías de escala”. Los ahorros pretenden ser los siguientes:
- Eliminación de duplicidades: 3.282 millones de euros
- Mancomunidad de servicios: 73 millones de euros
- Eliminación de cargos eventuales y electos: 145 millones de euros
El Ejecutivo prevé, además, mantener el recorte de empresas municipales y del llamado “sector público local” con lo que busca ahorrar 1.397 millones de euros.
El segundo ahorro: recorte de sueldos de alcaldes y concejales
El Ejecutivo recortará, además, el salario de alcaldes, concejales y cargos de designación política, según revelan fuentes del Ministerio de Hacienda. El recorte de salarios se hará recortando los “complementos de destino y de cargo específico”, según los planes del Ministerio que asegura que pretende terminar con “la enorme dispersión salarial” que existe entre las nóminas de los diferentes cargos municipales. El Gobierno pretende anunciar esa segunda medida de ahorro en los próximos meses.
El Ejecutivo pretende, además, “topar” el número de funcionarios por municipio y sus retribuciones para homogeneizar tamaños y gastos de la estructura administrativa de cada ayuntamiento.
Próximos pasos: la financiación sigue a la prestación de servicios
El Ejecutivo remitirá el proyecto al Consejo de Estado antes de aprobar la norma. En los próximos meses, el Ejecutivo evaluará con un plan piloto cómo aplicar esa transferencia de servicios e impuestos. La Diputación de Orense será la primera en desarrollar la iniciativa con un plan piloto para dar servicios de gestión fiscal, atención sanitaria o servicios de recogidas de basura. Sus resultados serán los que sirvan de guía para “avanzar en la reducción del déficit público y en la mayor eficiencia en la prestación de servicios”, afirman esas fuentes.
“La financiación sigue a la prestación de los servicios”, afirma el Ejecutivo. Eso significa que los impuestos y tasas pasarán a ser determinadas por las Diputaciones en caso de que los ayuntamientos pierdan competencias con lo que las tasas municipales pasarían a fijarse y a pagarse a nivel provincial (de Diputación) frente el actual nivel local (municipal).
De igual modo, el personal va anejo al servicio, con lo que muchos de los contratos pasarán a ser empleados pagados por la Diputación y serán las diputaciones provinciales las que decidan si mantienen o no los tamaños de las plantillas.
Pasados cinco años, los ayuntamientos que pierdan sus servicios podrán recuperarlos si son capaces de demostrar que podrían prestar el servicio de manera eficiente. Para solicitar esa recuperación de servicios, deberán prestar de manera eficiente los servicios obligatorios antes de poder recuperar los no obligatorios. El Gobierno apuesta por revisar las situaciones cada cinco años para “huir del electoralismo” de los procesos electorales que se repiten cada cuatro años.
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