Publicado: 26/04/2012 04:00
En España, de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) no se libra nadie, ni siquiera quienes los combaten. El ERE está por todas partes: en enero y febrero aumentaron cerca de un 55%, y eso que en esos dos meses la reforma laboral apenas llevaba un par de semanas en vigor. Afectan, sobre todo, a las empresas, a las Administraciones Públicas e incluso a los sindicatos: los 1.500 millones menos en políticas activas de empleo de los PGE han golpeado duro a las federaciones regionales de UGT y Comisiones Obreras, abocadas a ajustar sus plantillas.
La última en llegar ha sido Comisiones Obreras de Castilla y León: el tajo en políticas de empleo –en las que se incluyen los cursos de formación- y los recortes de la Junta, presidida por Juan Vicente Herrera (PP), han llevado a esta federación a aprobar un ERE que afectará a 110 trabajadores de su Fundación para la Formación y el Empleo (Forem), el 50% de los que faenan en esta institución.
El ERE prevé, mayoritariamente, tanto la suspensión de contratos como la reducción de jornada; también la extinción contractual para 15 o 20 trabajadores. «No hay programación, ni actividad y como muy pronto no comenzaremos a impartir cursos de formación antes del mes de junio», afirma un portavoz de esta fundación a El Norte de Castilla.
300 afectados
Se trata del quinto ERE que aprueban las direcciones regionales de CCOO desde que la crisis se puso peliaguda: entre el año pasado y éste, han salido expedientes que contemplan bajas voluntarias, jubilaciones anticipadas, reducciones de jornada u otras opciones de Cataluña (50 afectados), Castilla-La Mancha (107), Extremadura (50 de 60 empleados en esta comunidad) o Aragón (123 de 137). Es decir, más de 300 trabajadores de CCOO han padecido las garras del ERE.
La reforma laboral, además, recoge la posibilidad de que los centros educativos impartan cursos de formación, algo que solo hacían antes la patronal CEOE y los sindicatos mayoritarios a través de la Fundación Tripartita para el Empleo y las Comunidades Autónomas. Por eso, es probable que las subvenciones de los agentes sociales para este fin continúen periclitando.
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