Publicado: 17/09/2012 04:00
Lo que hasta ahora habían sido posibilidades descartadas en los anteriores planes de ajuste pueden convertirse ahora en nuevos recortes si el Gobierno estima que no puede cumplir con el compromiso de déficit del 6,3% este año. Es el mensaje que Luis de Guindos ha transmitido al Eurogrupo y el plan con el que trabaja el Ejecutivo. El Gobierno prepara más medidas de liberalización por “si fueran necesarias” para responder a las peticiones que le ha hecho el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.
Según han revelado fuentes del Ejecutivo, el diagnóstico político que las instituciones europeas han trasladado al Gobierno es que la economía española debe ganar aún más competitividad. Por ese motivo, el Ejecutivo vuelve a desempolvar planes que parecían aparcados.
Salarios públicos ligados a la productividad
El Gobierno ha estudiado en el pasado ajustar los complementos por productividad al cumplimiento de determinados objetivos. En la actualidad, la estructura salarial de los empleados públicos la componen cinco elementos clasificados en conceptos “básicos” (grupo profesional, antigüedad y destino fundamentalmente) y conceptos “variables” (específicos y por productividad). Con el plan de Hacienda, la paga por productividad quedaría vinculada al cumplimiento de objetivos. Según los cálculos del ministerio, esa partida ronda los 900 millones de euros anuales y podría sufrir una rebaja en la medida en que los empleados públicos no cumplan con los niveles exigidos.
La aplicación de esa medida ha sido insinuada ya por ministros como la responsable de Sanidad, Ana Mato. Los gastos de personal representan el 40% del presupuesto sanitario por lo que la ministra aseguró que “se deberá tener en cuenta la combinación acertada de criterios de eficiencia en la gestión y la necesaria motivación de los profesionales sanitarios”.
Hacienda puede construir ese nuevo diseño sobre los datos que ha recabado en los últimos casi cuatro años en los que ha medido el rendimiento de 2.000 funcionarios en diferentes ministerios en una experiencia piloto con la que pretende crear una serie de parámetros de medición de la eficiencia y producitividad de los empleados públicos, según revelan fuentes del Ministerio de Hacienda. El ministerio de Cristóbal Montoro ha evaluado a trabajadores en su propio departamento así como en los ministerios de Empleo, Industria, Economía, Interior, Defensa, Justicia, Agricultura y Presidencia. El sistema de evaluación fue puesto en marcha por el anterior gobierno socialista tras la reforma de la función pública aprobada por Jordi Sevilla y ha continuado bajo la supervisión del nuevo ministro. Esa información de 40 direcciones generales ha sido remitida a la Subdirección General de costes de personal y pensiones públicas que deberá plantear ahora una redistribución de efectivos, propuestas de traslados y la posibilidad de ligar los complementos variables de las retribuciones de los funcionarios.
Liberalización de colegios profesionales
El Banco Central Europeo y la propia Comisión han instado al Gobierno a liberalizar el sector privado y a terminar con las barreras que establecen los colegios profesionales. Mariano Rajoy (registrador de la propiedad de carrera) ha mostrado reiteradamente su compromiso de flexibilizar esa barrera de entrada a ciertas profesiones pero no ha tomado medidas concretas.
El Gobierno admite al FMI que “las ganancias en competitividad obtenidas hasta ahora no son suficientes”
El FMI, por su parte, ha reclamado al Ejecutivo que promueva una mayor desregulación del sector de los carburantes, así como una liberalización del servicio de Correos y refuerzo de los sistemas de propiedad intelectual. Según relata la misión del FMI que visitó España, “las autoridades españolas son conscientes de que las ganancias en competitividad obtenidas hasta ahora no son suficientes”.
Los demás compromisos: un “calendario preciso”
El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, ha revelado, además, que Luis de Guindos ha comprometido con sus socios europeos “un plan nacional de reformas basado en recomendaciones de la UE con compromisos muy claros y un calendario preciso”. De Guindos ha asegurado que “España está preparada a hacer todo lo necesario para cumplir los objetivos de déficit, que ciertamente están dentro de lo alcanzable (…) incluido con nuevas medidas si fuera necesario".
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