Prisa también sufrirá el ‘mazazo fiscal’ de Sánchez: deberá pagar la Tasa Google

El impuesto a las compañías tecnológicas (conocida como la 'Tasa Google') que anunció el Gobierno hace unas semanas también afectará a Prisa, uno de los grandes grupos de prensa del país, cuyos medios han apoyado una buena parte de las medidas propuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La tasa gravará con el 3% algunos de los servicios que ofrece la editora de El País, As y Cinco Días, según han explicado a Vozpópuli fuentes cercanas a la empresa.

De momento, los responsables de la compañía no tienen la certeza de cuáles serán las actividades que estarán gravadas por esta tasa, pero tienen constancia de que tendrán que abonar este impuesto por alguno de sus negocios digitales. De hecho, sus responsables ya estudian algunos de los borradores que circulan con el texto del impuesto.

El Ejecutivo pretende recaudar cada año 1.200 millones de euros por este impuesto, que repercutirá principalmente sobre tres actividades. Por un lado, los servicios de publicidad en línea; por otro, la venta de datos que las empresas recopilen a partir de la información proporcionada por los usuarios; y, por último, los negocios en los que la compañía tecnológica ejerza de intermediaria con los usuarios, como pueden ser las redes sociales.

Hacienda prevé que deberán abonar esta tasa las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y 3 millones en España. Esto excluye en principio a las pymes, pero incluye a las principales compañías de telecomunicaciones y al Grupo Prisa. Este último –según ha podido saber este periódico- ha mantenido en las últimas semanas contactos informales con empresas del sector tecnológico para analizar el alcance de esta tasa.

Durante el ejercicio 2017, la compañía facturó 1.170 millones de euros. En su último informe anual de cuentas, correspondiente a 2017, se indica que sus ingresos en otros países por sus negocios de educación y radio ascendieron a 629 millones de euros. Es decir, cumpliría con las condiciones que hacen obligatorio el pago de esta tasa.

Una medida unilateral de España

La base imponible del impuesto estará constituida por su facturación total, excluidos, en su caso, el IVA u otros impuestos equivalentes, obtenidos por las compañías por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto. Por lo tanto, Prisa sólo pagará por una parte –no mayoritaria- de las actividades que desarrolla, que está todavía por determinar.

Cabe recordar que esta medida se ha planteado después de un largo debate sobre la escasa aportación que realizan a la Hacienda pública las grandes firmas tecnológicas, tanto en España como en la UE. De hecho, Apple, Google, Facebook y Amazon abonaron al fisco, sobre sus beneficios, un total de 21,6 millones de euros en los últimos ejercicios sobre los que existen datos en el Registro Mercantil.

El problema hasta el momento ha sido la imposibilidad de desarrollar una normativa conjunta dentro de la UE, que permita acotar las prácticas de ingeniería fiscal que permiten a las empresas aportar en los Estados miembros menos dinero del que se correspondería con la actividad que desarrollan, al desviar fondos a ‘paraísos contables’.

En concreto, Google abonó en 2016 un total de 6,4 millones de euros de impuestos sobre sus beneficios, frente a los 266.873 euros que aportó Facebook en 2017; los 13,3 millones de Apple y los 1,64 millones de euros de Amazon.

Uno de los pasos más significativos en este sentido lo dio el pasado marzo el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, cuando propuso un impuesto del 3% a las grandes tecnológicas. Sin embargo, la aprobación de esta medida será complicada, ante la oposición o las dudas mostradas por varios países, lo que deja claro la complejidad que implica solucionar este problema.

En esta situación, España ha optado por tomar una vía paralela y crear su propio impuesto -que también defendía el Ejecutivo anterior-, con el propósito de recaudar 1.200 millones de euros anuales. Es decir, 900 millones de euros más que lo que calculaba el pasado abril el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).