Economía

La Policía registra sedes de iDental en toda España en busca de activos para paliar el fraude

La Policía Nacional en el registro de la sede iDental en localidad castellonense de Betxí
La Policía Nacional en el registro de la sede iDental en localidad castellonense de Betxí Efe

Unos 300 agentes de la Policía Nacional se encuentran este jueves realizando 23 registros en diferentes sedes de la clínica iDental en toda España para recabar pruebas y realizar un inventario a efectos de resarcir económicamente a los afectados por este fraude.

Los registros, entre ellos en la sede de iDental en Rivas Vaciamadrid (Madrid), se realizan en el marco de la operación 'Apolonia' coordinada por el Juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, según informan a Europa Press fuentes policiales.

La cadena de clínicas iDental se enfrenta a delitos de administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública.

Anteriormente ya se habían registrado 19 clínicas de Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Gijón, Valencia, Alicante, Castellón, Madrid y Murcia, con el objetivo de recopilar historiales médicos y pruebas de la posible comisión de hechos delictivos tras el cierre de las mismas y las miles de denuncias recibidas por presunto fraude. 

Miles de pacientes afectados

El cierre de las clínicas iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

Lo hizo por el "volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.

Hace una semana, representantes de las 14 comunidades autónomas afectadas, es decir, todas menos Navarra, Baleares, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, acordaron con el juez De la Mata poner en común los datos de cientos de miles de perjudicados para agilizar la investigación de la macrocausa.



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