Publicado: 03/09/2013 04:00
El Gobierno ha suavizado su propuesta para reformar las pensiones. Lo ha hecho con un “informe verbal” que el Ejecutivo todavía no ha puesto por escrito que atenúa la propuesta que le remitió su comité de expertos. En la práctica, significa que se impone un suelo y un techo a la evolución de las pensiones y que las pensiones quedan prácticamente condenadas a perder poder adquisitivo.
- Durante los años de crisis (un término que el Ejecutivo no define con ninguna tasa de crecimiento) las pensiones sólo subirían un 0,25% independientemente de que los precios suban más durante años de crisis. En la práctica, eso significa que una pensión de 600 euros al mes passaría a cobrar ahora un euro y medio más al mes, hasta cobrar 601,5 euros mensuales, independientemente de cuál haya sido la evolución de los precios. Si el nuevo sistema hubiera estado en vigor durante la actual crisis, las pensiones habrían perdido con el nuevo sistema un 13,3% de poder adquisitivo.
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- En tiempos de bonanza (un término que el Ejecutivo tampoco define con cifras) las pensiones podrían llegar a subir más que los precios, pero sólo un 0,25% más puesto que Empleo pretende imponer un techo equivalente al IPC más el 0,25%.
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El Gobierno suaviza la propuesta de los expertos
El nuevo sistema, sin embargo, suaviza los efectos que perseguía el comité de expertos designado para la reforma puesto que atenúa en tres aspectos aquella propuesta:
- En primer lugar, entraría en vigor en el año 2019 y no en el año 2014 como proponían al Ejecutivo los técnicos. Eso da un margen adicional de cinco años.
- En segundo lugar, plantea recortes adicionales en función de los niveles de esperanza de vida pero con un sistema que se revisaría cada cinco años y no anualmente como proponían los expertos. Eso mitigaría los efectos durante un tiempo, aseguran los expertos.
- Por último, introduce una novedad técnica pero que puede tener impacto en los números: usará las tablas de esperanza de vida de la Seguridad Social y no las del INE, unas tablas que dejan efectos más suaves en los recortes.
Negociación contra-reloj el próximo mes
El Gobierno va a aprobar el nuevo decreto antes del 31 de diciembre para cumplir con su compromiso con Bruselas, aunque su entrada en vigor se pospondrá durante 5 años más. La aprobación este año significa que el Ejecutivo deberá remitir a las Cortes el proyecto de ley en el plazo de un mes por lo que el tiempo de negociación se reduce al mínimo pese a que, teóricamente, se puede seguir negociando incluso mientras se realiza el trámite parlamentario.
El Ejecutivo convocará a los agente sociales en los próximos días, según reveló la ministra Fátima Báñez, para trasladar por escrito esa propuesta que el Gobierno todavía no ha plasmado en un informe. Los sindicatos afirman que ese calendario “abre un proceso muy complejo y muy difícil”, asegura a Vozpópuli el Secretario de Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo que añade que “no queremos ocultar que no era necesario ahora y que esta propuesta puede servir para usar el sistema de pensiones para ajustar déficit y objetivos de déficit en lugar de arreglar el problema de mercado de trabajo ahora y las pensiones con medidas de otro tipo”.
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