Publicado: 12/10/2012 04:00
El Ejecutivo prepara una trampa contable para mantener la palabra de Rajoy de “revalorizar las pensiones como el IPC”: cambiará el IPC. El Gobierno pretende alterar el índice que se utiliza como referencia para revalorizar las pensiones por uno que reste el impacto que han tenido las subidas fiscales dictadas por el propio Ejecutivo. Sería un IPC del que se descontarían IVA, Impuestos especiales u otros tributos y que en terminología económica se conoce como Indice de Precios al Consumo con Impuestos Constantes (IPC-IC).
El resultado práctico para los pensionistas es que sus jubilaciones perderán poder adquisitivo, tal como avanzó Vozpópuli, porque la el IPC descafeinado de impuestos sólo obligaría a revalorizar las pensiones un 1,4% pese a que la subida de precios real es del 3,4% a fecha de octubre y podría ser del 3,7% en noviembre, el mes que sirve como referencia para la actualización de pensiones.
Ese mismo resultado práctico para el Gobierno significa ahorrar casi 4.000 millones porque subir las pensiones tanto como los precios supondría gastar 4.800 millones mientras que hacerlo como si no hubieran subido los impuestos sólo requiere gastar unos 800.
El saldo final de ambos conceptos es una transferencia de rentas de 4.000 millones que los pensionistas perderán para que el Estado gane equilibrio presupuestario.
Contabilidad macroeconómica creativa
El saldo final es una transferencia de 4.000 millones de los pensionistas a las arcas de Hacienda
Según fuentes de los ministerios de Economía y de Hacienda, la ley actual (LGSS R.D.L.G. 1/94) permite encajar la revalorización de las pensiones con ese nuevo índice sin necesidad de recurrir a un cambio legislativo. Según afirma esa normativa “las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de las pensiones mínimas, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente Índice de Precios al Consumo previsto para dicho año”. Ese párrafo no especifica qué variante del índice se puede o debe utilizar por lo que el Gobierno podría aplicar la formula del IPC-IC sin necesidad de modificar la ley.
Las implicaciones del cambio para otros años y otros conceptos
El cambio de marco de referencia no supone sólo una pérdida de poder adquisitivo para los accionistas este año. Puesto que la revalorización de las pensiones se “consolida” año a año, esa pérdida de poder adquisitivo se arrastrará para próximos ejercicios.
Si, además, ese cambio de referencia se establece de manera permanente, los pensionistas se verían condenados a perder poder adquisitivo de ahora en adelante en todos los ejercicios.
Pero los pensionistas pueden no ser los únicos afectados por ese cambio de barajas. El IPC ha servido hasta ahora de base para fijar salarios mínimos, rentas de integración así como el conocido como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) índice al que se vincula la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros. Una sustitución de IPCs podría suponer también una pérdida de poder adquisitivo en todos esos capítulos.
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