Publicado: 28/11/2014 04:00
No es, ni mucho menos, un programa de Gobierno cerrado, pues está sometido todavía a lo que resulte de una futura convención y al propio debate interno previo a las elecciones, pero si algo tiene claro el equipo que rodea a Pedro Sánchez es darle la vuelta como un calcetín a la mayoría de las grandes reformas que ha aprobado el Gobierno de Mariano Rajoy en sus tres años de andadura. El retoque del artículo 135 de la Constitución, garantía de la política de estabilidad presupuestaria, es una broma comparado con los cambios que abordaría el PSOE en caso de ganar las próximas legislativas.
El equipo de Pedro Sánchez trabaja en un nuevo Estatuto de los Trabajadores que entierre la última reforma laboral
Para empezar, la contrarreforma fiscal en la que trabajan los socialistas incluye una revisión a fondo de la tributación por IRPF de forma que agrupe también los activos que habrían podido quedar fuera del radar de Hacienda desde la desaparición del Impuesto sobre Patrimonio. Siguiendo el modelo holandés, el PSOE defiende una estimación de la renta anual en la que se tendrían en cuenta los ingresos obtenidos por el trabajo, la tenencia de acciones o el patrimonio inmobiliario, siempre con un mínimo exento “que no perjudique a las clases medias”. En su programa incluirá también una limpieza de las deducciones en los principales impuestos y una mayor carga tributaria para las rentas más altas que ayude a recuperar los 9.000 millones de ingresos que, según sus cálculos, perderán las arcas públicas cuando entre en vigor la nueva reforma.
Los costes del despido no son una prioridad
El equipo económico que dentro del PSOE dirige Manuel de la Rocha madura también con la colaboración de distintos expertos un nuevo Estatuto de los Trabajadores que sustituya al de 1981 y que supondría, en realidad, la derogación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP hace dos años. Los costes del despido, uno de los aspectos que mayor polémica ha levantado, no suponen una prioridad para Pedro Sánchez, pero sí la recuperación de la negociación colectiva y la reinserción en el mercado laboral de los tres millones de parados de larga duración, así como el aumento de la cobertura por desempleo.
La agenda socialista alberga también una “transición energética” que marque una estrategia de largo plazo a favor de las renovables, la reducción de los costes que minan la competitividad de las empresas y la reconsideración de los criterios con los que desde el Gobierno se gestiona el déficit de tarifa. Si el PSOE llega al Gobierno, hará una auditoría de los costes regulados porque sospecha que, pese a las quejas de las eléctricas, éstas conviven complacidas con la reforma aprobada por el PP en diferentes fases.
Matices en la reforma del artículo 155 de la Constitución
En la política de consolidación presupuestaria habrá cambios muy medidos, se admite en la ejecutiva socialista, a pesar del revuelo organizado por el retoque propuesto al artículo 135 de la Constitución. Este artículo fue pactado por los dos grandes partidos en agosto de 2011, cuando Bruselas apretaba y la prima de riesgo superaba los 400 puntos. Ello no supone, según estas fuentes, renunciar a la estabilidad presupuestaria, pero sí al déficit cero consagrado a partir de un concepto como el del “equilibrio presupuestario”. Los socialistas admiten que la reforma de José Luis Rodríguez Zapatero evitó el rescate, pero “ahora que lo peor de la crisis ha pasado”, conviene velar no solo por la consolidación fiscal sino también por el blindaje de la suficiencia financiera para la educación, la sanidad y las pensiones. “Nosotros nunca vamos a defender una reestructuración unilateral de la deuda pública porque se produciría una salida masiva de capitales y no podríamos financiar el déficit. Pero en el marco europeo, proponemos que haya eurobonos, un fondo de amortización de deuda para refinanciarla a plazos e, incluso, monetarizar parte de la deuda y que sea el BCE el que la asuma”, apuntan las fuentes.
Los socialistas descartan una reestructuración unilateral de la deuda, pero no si es en el marco europeo
A un año, aproximado, de las elecciones generales, lo que es evidente es que en España hay una diferencia sideral entre la política económica defendida por el PP y por el PSOE y que aquí no se da la unanimidad que se vive, por ejemplo, entre los dos grandes partidos alemanes, el SPD y la CDU. El Gobierno y los socialistas parecen muy orientados hacia lo que quieren los votantes, pero discrepan de cómo conseguirlo, realidad que dificulta una futura colaboración a nivel de Gobierno si, como anticipan casi todas las encuestas, de las elecciones de 2015 surge un Parlamento mucho más fragmentado que el actual y las circunstancias abocan a ensayar la gran coalición.
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