Infraestructuras

Paso adelante en la Operación Chamartín con el plan 'Madrid Nuevo Norte'

La aprobación del proyecto podría llevarse a cabo el próximo mes de julio en el Pleno municipal

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. EFE/Emilio Naranjo

La Operación Chamartín da un paso más adelante. Tras las intensas negociaciones entre el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte (DCN), la promotora del desarrollo, finalmente han llegado a un acuerdo definitivo y han registrado el nuevo plan urbanístico, 'Madrid Nuevo Norte', según El Confidencial. 

La información ha sido confirmada este mismo martes por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien  ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo para el plan de desarrollo urbanístico.

Este proyecto es fruto del principio de acuerdo alcanzado poco antes del pasado verano, cuando se desatascó la negociación política, aunque con ciertos cambios como la reducción de la edificabilidad un 6% (pasando de 2,83 millones de metros cuadrados a 2,66 millones). 

No obstante el registro del proyecto, a partir de ahora corresponde al Ayuntamiento de Madrid proceder con el resto de los trámites para llevar al pleno la aprobación provisional de la modificación urbanística que permitirá poner en marcha la ansiada Operación Chamartín. Por el momento, el próximo paso será la obtención del preceptivo informe de impacto medioambiental, que podría estar listo en un plazo de aproximadamente dos meses.

Teniendo en cuenta que el Consistorio no ha demostrado ser especialmente ágil en este tipo de tramitaciones será muy complicado que el Ayuntamiento apruebe parcialmente el proyecto antes del verano, lo que dejará un escaso margen para la aprobación definitiva, toda vez que posteriormente se abrirá un plazo de alegaciones, algunas de las cuales se incorporarán al proyecto.

El proyecto registrado propone la construcción de unas 10.510 viviendas: 2.600 al sur de la M-30 y 7.910 al norte. De todas ellas, un 20% serán de protección oficial (2.100 viviendas) y en torno a 1.900 libres, que podrían destinarse a alquiler social. 

El registro cristaliza un trabajo de casi nueve meses de conversaciones entre las partes implicadas y supone un nuevo paso para el desbloqueo del desarrollo. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Y buena parte del mismo deberá andarse por los pantanosos terrenos de una precampaña electoral que se prevé especialmente candente en la capital de España.



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