Energía

Moncloa fía el modelo de transición energética a un consenso político muy complicado

El Gobierno asume que la reforma propuesta por la comisión de expertos es muy ambiciosa y buscará para sacarla adelante unos apoyos parlamentarios que se antojan casi imposibles en la actual legislatura, algo que podría eternizar la transición energética

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal EFE

El esperado informe sobre la transición energética que el Gobierno encargó hace algo más de seis meses a una comisión de expertos no ha terminado de despejar las dudas sobre cómo abordará el Ejecutivo un asunto tan determinante para el futuro. Las conclusiones de los expertos, coincidentes en gran medida con teorías defendidas desde el Ministerio de Energía, incluye una más que ambiciosa reforma fiscal relacionada con la energía pero que toca demasiados palos, alguno tan delicado como el de la financiación autonómica, lo que incrementa de forma exponencial las posibilidades de que el tan ansiado documento quede en papel mojado.

Tras la entrega del documento, el concepto más repetido en el Ministerio de Energía es el de "consenso político". El informe irá a parar directamente a la Comisión de Energía del Congreso, en forma de ponencia, para comenzar el debate cuanto antes. El objetivo, que el informe de los expertos sirva como base para elaborar un modelo de transición energética entre cuyos objetivos destaca, casi por encima de cualquier otro, que el recibo de la luz no vuelva a dar dolores de cabeza en Moncloa como hace algo más de un año.

El problema al que se enfrenta el Gobierno es que la solución que prevé el grupo de expertos es sacar del recibo eléctrico todas aquellas partidas que no tienen que ver directamente con el sistema y el comportamiento del mercado mayorista. Es decir, los celebérrimos peajes, que el Ejecutivo estima en cerca de 11.000 millones de euros entre las primas originales a las renovables, la deuda del sistema y el coste solidario de llevar el suministro a las islas (conocido como extrapeninsulares).

Sacar estas partidas del recibo y llevarlas directamente a los Presupuestos Generales del Estado, como propone el informe, abarataría el precio de la luz cerca de un 7%. Pero no saldría gratis, precisamente. Las facturas del pasado hay que pagarlas, de una manera o de otra. Y la otra es, obviamente, vía impuestos.

Aumento del IVA, gasolinas y gas 

Impuestos que afectarían a las empresas (por emisiones de CO2) pero también a los ciudadanos, con una subida del tipo general del IVA de entre 1,1 y 1,3 puntos (desde el 21% actual al 22,1% o 22,3%) y también a los combustibles fósiles. El más penalizado sería el gasóleo (más de un 28% de incremento), seguido del gas natural (5,8%) y de la gasolina (1,8%).

Es decir, cuestiones que se salen no sólo del ámbito energético sino incluso del de la Administración Central. Terrenos pantanosos como el de la financiación autonómica en los que avanzar con el paso tan firme como requieren estas medidas es poco menos que quimérico.

Sin embargo, el Gobierno tiene muy claro que no tomará decisiones, vía decreto, en un asunto tan delicado. Dejará que sea el Parlamento el que tenga la última palabra, aún a sabiendas de que la actual composición del Congreso de los Diputados hace muy difícil sacar adelante leyes de cualquier tipo. En los cerca de 18 meses de actividad parlamentaria desde que se constituyó el actual Gobierno, apenas una docena de normativas han logrado ser aprobadas. La mayoría de ellas son transposiciones de directivas comunitarias. Otras, normas de contenido social en las que el consenso sobre su contenido es relativamente sencillo.

Que decida el Congreso

Del resto, sólo cabe recordar que hace algo más de un año se tumbó la convalidación de un Real Decreto Ley, algo con escasos precedentes en la actual democracia, y que aún está pendiente de aprobarse la Ley de Presupuestos para 2018.

Todo parece indicar que el Ministerio de Energía se parapetará no sólo en un informe que avala posturas defendidas por el departamento que dirige Álvaro Nadal, como el papel determinante de la energía nuclear o la necesidad de mantener las centrales térmicas, sino también en un consenso parlamentario que sabe casi imposible.

Precisamente, Nadal ha defendido en múltiples ocasiones que la política energética debe diseñarla el Gobierno y no las empresas, en especial cuando ha tenido algún enfrentamiento con éstas. El Gobierno dejará finalmente la última palabra al Parlamento que, por lo tanto, con este planteamiento, también será el responsable último de un episodio de altos precios eléctricos en el caso de que se repita.



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