Publicado: 08/10/2012 04:00
En los últimos doce meses, 176.000 trabajadores perdieron su trabajo en las tres administraciones, pese a lo cual el número de empleados públicos sigue rozando los tres millones. Para el año que viene, el Gobierno espera que las plantillas adelgacen en 102.000 personas más, entre contratados laborales, interinos y temporales. El grueso de este ajuste llegará de las comunidades autónomas, las administraciones que más han sobrecargado sus gastos de personal en los últimos años, según los planes económicos remitidos a Hacienda por los diferentes gobiernos regionales.
A los 102.000 trabajadores que saldrán de las tres administraciones en 2013 se suman los 176.000 que perdieron su empleo en el último año
En la crisis económica tan severa que castiga a España desde hace más de un lustro, la avaricia de las comunidades y ayuntamientos por acaparar nuevas competencias ha chocado con sus dificultades para financiarlas, foto que se refleja en una deuda superior a los 180.000 millones de euros casi imposible de financiar. Pese a las intenciones iniciales del Gobierno de reordenar competencias, la mayoría de estas administraciones siguen ejerciendo amplios poderes en sanidad, educación, justicia, comercio, urbanismo, medio ambiente, policía, agricultura, ganadería, pesca e, incluso, políticas activas de empleo. Una maquinaria demasiado pesada que ha inflado sus plantillas con más de 1,3 millones de trabajadores, en el caso de las autonomías, y en 700.000 efectivos en el de los ayuntamientos.
Los planes trasladados por las primeras al Gobierno recogen la intención de ajustar gastos corrientes en 2013 por 9.500 millones, un 40% en el capítulo de personal. Estos recortes comprenden reducción de empresas y fundaciones públicas, buena parte de ellas creadas en los tiempos de vacas gordas para eludir la contabilidad nacional y acceder a la financiación de los mercados mediante atajos que no computaron en el déficit público.
En los ayuntamientos, Hacienda espera un ahorro de 3.500 millones gracias a la supresión de departamentos, reducción del número de concejales y tijeretazo al sueldo de los alcaldes.
El Gobierno central solo es responsable del 22% del gasto público, las comunidades del 34% y los ayuntamientos del 12% ya que el resto procede de la Seguridad Social
El Gobierno espera que la entrada en vigor de la ley de Estabilidad Presupuestaria cambie algo las cosas porque introducirá más controles, pero hasta ahora la ingeniería financiera de comunidades y ayuntamientos ha campado por sus respetos. Tanto, que la administración central es responsable de solo el 22% del gasto público total, las comunidades del 34% y los ayuntamientos del 12%. El resto del gasto procede de la Seguridad Social. En otras palabas, el 46% del gasto público ha escapado hasta ahora al control del Gobierno, según acaba de denunciar en el Congreso el gobernador del Banco de España, Luis Linde.
Los nuevos controles permitirán al Gobierno supervisar previamente los presupuestos autonómicos y locales y, lo que es igual de importante, disponer de una foto fija en la que comprobará casi en tiempo real las desviaciones en el gasto, misión que quedará encomendada a la futura autoridad fiscal independiente.
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