El PSOE exige llevar a la Fiscalía a quienes declaren tarde sus bienes en el extranjero

Superado el periodo de regularización extraordinaria, la Agencia Tributaria inició en 2013 actuaciones inspectoras a partir de la información obtenida un año antes a través de la Declaración Tributaria Especial (DTE). En el Plan Anual de Control de aquel año, Hacienda ya se comprometió a analizar si los contribuyentes que se habían acogido a la regularización voluntaria se habían ajustado a las normas establecidas en estos procesos. Durante el congreso de inspectores celebrado en Bilbao el pasado octubre, el director de la Agencia, Santiago Menéndez, advirtió que en ningún caso la declaración tributaria especial valdría para amparar comportamientos fraudulentos o irregulares. “Estas actuaciones de comprobación lo demuestran, y además, si como consecuencia de las comprobaciones se descubren otros comportamientos irregulares, no tributarios, por supuesto que la Agencia Tributaria remite el caso al órgano judicial o administrativo correspondiente”, subrayó.

Hacienda se ha comprometido a enviar a los tribunales los comportamientos irregulares

Un mes después, el diputado Pedro Saura ha registrado dos preguntas al Gobierno en el Congreso que buscan la respuesta que va a dar a aquellos contribuyentes que se han acogido fuera de plazo al ‘modelo 720’, la puerta abierta para que los que tienen bienes en el extranjero los declaren. De los 134.872 que han declarado hasta ahora la obligación informativa de 2012, con bienes por importe superior a los 88.000 millones de euros, casi 3.500 lo han hecho fuera de plazo establecido y serán sancionados por Hacienda por no haber liquidado el Impuesto sobre la Renta o el de Sociedades.

En la primera pregunta registrada por el PSOE, pide al Ministerio de Hacienda que ponga en conocimiento de los jueces o de la Fiscalía toda la información que ha obtenido de los contribuyentes afectados sobre los bienes y derechos que tienen en el extranjero, en cumplimiento del artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto, en resumen, obliga a denunciar ante la instancia judicial competente, ya sean tribunales ordinarios o Fiscalía, los “delitos públicos” por parte de quienes, por razón de su cargo, tengan conocimiento o noticia de ellos.

El perímetro del delito fiscal

En la segunda pregunta registrada por los socialistas en la Cámara Baja, Saura traslada a Hacienda si piensa flexibilizar las sanciones previstas por el ‘modelo 720’ en el caso de que los contribuyentes afectados realicen una declaración complementaria del Impuesto sobre la Renta. “La declaración complementaria”, asegura el PSOE, en el texto enviado al Congreso, “implicaría que los declarantes quedan eximidos del delito fiscal”. Ahora, hay delito cuando el fraude supera los 120.000 euros por año y por impuesto. Está castigado con penas de un año y una multa mínima del mismo importe a la cuantía evadida. Si el fraude excede los 600.000 euros, el contribuyente se arriesga a una pena de dos años de prisión y el doble de multa.

El PSOE se pregunta qué pasará con quienes hayan presentado una complementaria del IRPF

Según la legislación en vigor aprobada por el Gobierno, los contribuyentes que oculten a Hacienda cuentas, acciones, viviendas o tierras fuera de España se arriesgan a ser sancionados con multas que pueden oscilar entre los 5.000 euros por cada dato que omitan, al abono de hasta el 150% de la base de la sanción por no haber liquidado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o el de Sociedades. Hay también garantías legales para que no se acojan a las prescripciones que operan para los contribuyentes corrientes. Después de que el Gobierno aprobara en 2012 la obligación de detallar a Hacienda los bienes depositados en el extranjero valorados en más de 50.000 euros, a la primera declaración, del ejercicio 2012, se acogieron 131.411 contribuyentes. A lo largo de este año han sido 3.500 los que han llamado a la ventanilla de la Agencia, 700 de ellos claramente bajo el ‘efecto Pujol’. La cifra ha ido engordando hasta los casi 135.000. Al final, han terminado por aflorar bases nuevas que suponen 10 puntos de PIB.