Publicado: 14/10/2013 12:08
El control del Ministerio de Hacienda ha significado para todos los Gobiernos el control de la caja del Estado. Pero en un momento en que todos los casos de corrupción requieren de la cooperación de la Agencia Tributaria, el control político del fisco se ha convertido en una cuestión mucho más relevante. Eso explica quizá que en 18 meses de gobierno, el responsable de Hacienda haya cesado a 310 altos cargos y los haya relevado por personas que supervisarán expedientes que afectan al partido del gobierno, a la Corona, a los sindicatos y a los rivales políticos. “Nunca antes se había visto semejante depuración”, denuncian fuentes internas del ministerio.
"Nunca antes se había visto semejante depuración", denuncian fuentes del ministerio
Entre las medidas más destacadas de esa toma de control, sobresale el desmantelamiento de la cúpula de la ONIF, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, el organismo encargado de perseguir los casos con más trascendencia. Entre los destituidos figuraba Víctor de la Morena, el jefe de investigación encargado del caso Gürtel, su adjunto y seis jefes de equipo. Su relevo dio lugar a que Pilar Valiente, la antigua responsable de la CNMV y cuya implicación en el fraude de Gescartera le obligó a dimitir en 2001, se convitiera en adjunta a la dirección de la Oficina, antes de ser relevada nuevamente. Hacienda afirma oficialmente que el relevo es “algo normal que forma parte de una amplia renovación de cargos de libre designación dentro de la Agencia Tributaria” y subraya que esa oficina ha tenido 5 jefes distintos desde el año 2000.
Pero los ceses han ido mucho más allá de la ONIF y del caso Gürtel. Once responsables de la investigación de las cuentas de la Infanta han sido cesados también, después de que cayera la propia directora de la Agencia, Beatriz Viana, por la supuesta adjudicación errónea de propiedades inmobiliarias a la hija del rey. Desde entonces, el BOE ha publicado los ceses de hasta once altos cargos entre los que destacan el subdirector general de Técnica Tributaria, el jefe de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria y la subdirectora General de Planificación y Coordinación, entre otros.
Los relevos no afectan sólo a la inspección fiscal. También ha afectado a los departamentos encargados de presentar las cuentas públicas, los datos de lucha contra el fraude y las cifras de déficit. De hecho, se han extendido a la plantilla encargada de perseguir a los defraudadores que ha menguado un 12% desde la llegada de Rajoy al Gobierno. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, pero justificó los recortes en la “política de austeridad” pero aseguró que ese año se elevará la tasa de reposición para luchar contra el fraude.
Los inspectores y la oposición denuncian “uso político”
El Partido Socialista ha denunciado en el Congreso lo que califica como un “uso político” de la Agencia Tributaria, en palabras de su portavoz de Hacienda, Pedro Saura. Saura asegura que se están desmantelando a los responsables “para colocar a personas cercanas al PP”. Esa misma denuncia la ha planteado el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, que califica que “caza de brujas” la situación que se está viviendo en la Agencia Tributaria, una persecución que –según sus palabras—responde únicamente a motivos políticos. Ambos grupos han pedido explicaciones parlamentarias al ministro.
También los propios inspectores denuncian el uso político que se está haciendo del fisco. Según José María Peláez, inspector de Hacienda del Estado y miembro de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), “los principales errores cometidos por la Agencia Tributaria en los últimos tiempos son consecuencia, en gran medida, de la excesiva dependencia política en el desarrollo de su trabajo diario”.
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