Publicado: 16/07/2012 11:08
Hay ajustes de primera, y ajustes de categorías menores. Si así ocurre, la subida del IVA, la modificación del cómputo de la vida laboral y –lo que más aterra- el tijeretazo en prestaciones por desempleo y pensiones serán ajustes de alto copete, de la división de oro. Y luego hay reformas de segunda línea mediática, de las que llaman menos la atención entre el maremágnum de recortes. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, habló ayer de la desaparición o reformulacion "de ochenta empresas públicas", de las cuales dos de ellas pueden estar al caer. Una es la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (Cesce). La otra el Instituto de Crédito Exterior (Icex).
Y es que el Gobierno prepara la privatización del Cesce o, al menos, la pérdida de control por parte del Estado, que posee el 50,25% (un 45,20% pertenece a bancos privados y un 4,55% a compañías de seguros). Según ha sabido este medio, esta operación puede ser inminente. El Cesce ofrece cobertura en caso de impago de un crédito a la exportación.
Con la cesión de una parte suficiente para que la Aministración Central pierda la mayoría, no está muy claro en qué quedará el ente. En cualquier caso, el aval estatal ya no seguirá siendo tal, y el Cesce puede acabar ejerciendo como una reaseguradora de carácter privado. El presidente de la Sepi, Ramón Aguirre, corroboró esta versión a la agencia Efe a comienzos de esta semana.
La representación del Icex
La otra mini-reforma se dará en el Instituto de Comercio Exterior (Icex). El Icex depende de la Secretaría de Estado de Comercio, antes de Industria, ahora del Ministerio de Economía y Competitividad, que tutela Luis de Guindos. El 25 de noviembre de 2011 apareció un Real Decreto en el BOE que modificaba el estatus del instituto, el cual pasaba a ser una “entidad pública empresarial”. Aquel capítulo del BOE recogía que el Icex perseguiría una “mayor agilidad y eficiencia en su gestión económica”. Algo que puede materializarse muy pronto: el Ejecutivo puede estar contemplando otro decreto para dar mayor cabida a las entidades privadas, “infrarrepresentadas” en el Consejo de Administración, según una fuente de Economía.
El consejo del Icex, un ente que abandera la internacionalización de las compañías españolas, se compone de 13 miembros más el presidente, puesto que corresponde por estatutos al Secretario de Estado de Comercio Exterior. De los 13 vocales, solo dos pueden encasillarse en el sector privado: uno procede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y otro del Consejo Superior de Cámaras (CSC). Un tercero debe representar a las Comunidades Autónomas. Los diez restantes son cargos de la Administración General del Estado (AGE), la mitad de ellos provenientes de Industria. Pero ocurre que el Icex en particular y la cartera de Comercio en general pasaron con el cambio de Gobierno a ser de Economía, y los campos de actuación no parecen tan obvios.
Con todo, no serán, ni mucho menos, las únicas empresas estatales en las que el PP terciará. El equipo de Rajoy ya ha advertido a las CCAA de la necesidad de repensar la red de sociedades públicas para ayudar al Gobierno a convencer a Bruselas de que en España se lucha con todos los medios posibles contra el déficit y el fraude.
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