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Economía

El Gobierno impondrá la factura electrónica a partir de 2015 para ahorrar 51 millones anuales

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, introduce la factura electrónica

A partir del 15 de enero de 2015, el Gobierno implantará la factura electrónica para quienes contraten con la Administración. En los próximos 18 meses, todas las empresas podrán modificar sus sistemas de facturación para adaptarlos a un modelo digital de forma que quienes sean proveedores del Estado central, autonomías o entidades locales podrán presentar sus facturas a través de las páginas web que los tres niveles de la administración estarán obligadas a tener en marcha a partir de esa fecha.

Un año antes, el 1 de enero de 2014 las tres capas de la administración deberán crear un registro contable de facturas que ya irá anotando los pagos que ellas realizan incluso a través de ventanilla y que, desde el punto de vista de las Administraciones Públicas, ya tendrán efectos contables.

La medida tiene un triple objetivo: el primero es económico es el ahorro puesto que el Ejecutivo plantea conseguir una disminución de costes administrativos de casi 39 millones de euros el primer año y de casi 51 a partir del su plena implantación. La previsión de ahorro del Gobierno cuando el sistema esté plenamente operativo es de casi 17 millones de euros para el Estado en trámites, 15,3 millones en ahorros en trámites administrativos para las empresas y otros 18,5 en sistemas de mantenimiento de la facturación.

En segundo lugar, la medida busca un mayor control administrativo, puesto que el nuevo sistema permitirá a Hacienda bloquear pagos a los proveedores que no estén al día de sus deudas con el Estado o cuotas con Seguridad Social. Hacienda asegura que el sistema servirá también para evitar reclamar dinero a los proveedores a los que el Estado adeude también fondos. El sistema de pagos electrónico permitirá saldar esas deudas cruzadas.

Finalmente, la nueva medida persigue un objetivo político: el nuevo sistema de cobros y pagos permitirá evitar las llamadas “facturas en el cajón” puesto que el Gobierno sabrá desde el momento en que se apruebe el pago de una factura el estado de los pagos, los retrasos y los organismos que –según fuentes de Hacienda—“retrasan deliberadamente esos pagos para financiarse irregularmente”.

Hacienda busca un sistema centralizado de facturas

Hacienda no ha negociado con las autonomías la creación de un Registro de Facturas Único pero, según fuentes del ministerio, se ofrecerá a ayuntamientos y autonomías la posibilidad de utilizar las bases de datos, páginas web y puntos de entrada del Gobierno Central. El objetivo es crear una base común. Sin embargo, la realidad a día de hoy es tendrán que crear:

  • Un punto general de entrada para el Estado Central
  • Un punto general de entrada para cada una de las Administraciones Públicas
  • Un punto general de entradas para las entidades locales que podrán crear el suyo propio (lo que sumaría 8.100 puntos) o podrán adherirse a los códigos y páginas web de cada

Las pymes y pequeños ayuntamientos podrán quedar fuera porque entre las excepciones que contempla el Ejecutivo están todas las facturas por importes inferiores a los 5.000 euros que podrán ser excluidas de esa vía digital.

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