Publicado: 04/01/2013 04:00
El déficit público del Reino de España se situará en el entorno del 6,9 por ciento del PIB. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está jurando en privado a miembros del Gobierno y allegados que no se alcanzará la cifra del 7 por ciento, cueste lo que cueste.
El titular de Hacienda ha hecho de éste su gran caballo de batalla y principal aval para continuar en el Ejecutivo, de modo que hará todo lo posible para que las cuentas cuadren. “Aunque sea a capón”, apostillan fuentes cercanas al Gobierno.
CCAA y Seguridad Social
En principio, según fuentes próximas al Gabinete de Rajoy, los números barajados suponen una desviación del entorno de las 2 décimas en las Comunidades Autónomas respecto a los 1,5 puntos comprometidos en total.
Pese a que se presupuestó a comienzos de 2012 el equilibrio en la contabilidad de la Seguridad Social, su agujero abarcará al final el 1,3 por ciento del PIB, unas 3 décimas más que las previsiones remitidas a Eurostat a mediados de año. Es decir, los números rojos superarán los 10.000 millones para colocarse en los 13.000 millones, aproximadamente.
Sumados ambos desvíos y excluyendo las inyecciones a los bancos, el desfase presupuestario rondará el 6,9 por ciento del PIB, aún lejos del 6,3 fijado por Bruselas. Si se contabilizan las ayudas a las entidades, el déficit crecerá muy por encima del 8 por ciento.
Bendición de la UE y los mercados
Con todo, Bruselas ya ha anunciado que valora el tremendo ajuste fiscal llevado a cabo por España, unos 40.000 millones en medio de una recesión, y que no exigirá más recortes: “La Comisión ha concluido que España ha adoptado medidas eficaces para los ejercicios de 2012 y 2013. Ha realizado el esfuerzo estructural necesario para estabilizar sus finanzas públicas teniendo en cuenta la débil coyuntura”, declaró el comisario Olli Rehn a principios de diciembre.
La Intervención General del Estado estableció que en 2011 la diferencia entre ingresos y gastos acabó en los 100.000 millones, el 9,4 por ciento del PIB, al incluir algunas ayudas a la banca.
Y el mercado ya ha tomado para este año el 7 por ciento como el guarismo mágico que determinará si el Gobierno español aprueba o suspende en su labor de ajuste. Si se errase por mucho la meta del 7, los inversores volverían a castigar a España.
Un cierre de ejercicio difícil
Pero Montoro no las tiene todas consigo. El déficit anotado en términos de contabilidad nacional para el Estado central hasta noviembre se encaramó hasta el 4,37 por ciento del PIB, un dato muy cerca del 4,5 de objetivo para todo el año y que apenas da margen para que se pueda absorber el déficit de la Seguridad Social.
Para colmo, el final del ejercicio siempre registra picos de gasto porque todos los departamentos se apresuran a justificar sus partidas gastándose hasta el último céntimo. A lo que este año hay que incluir 4.200 millones que la Administración debe abonar a los servicios públicos de empleo.
Medidas de cara a la recta final
No obstante, Hacienda explica que muchas de las medidas de austeridad tendrán mayor reflejo en el último tramo del año, como por ejemplo la no actualización de las pensiones con el IPC o el tajo a la prestación por desempleo.
Por un lado, la supresión de la paga extra de los funcionarios representará un ahorro de 4.000 millones y, por otro, gracias a las alzas de impuestos, el tercer pago de Sociedades y las liquidaciones del IVA engordarán mucho los ingresos.
Por si acaso, Montoro además detuvo desde septiembre todas las transferencias a otros órganos como las Comunidades y la Seguridad Social para que éstas se financiasen con el Fondo de Liquidez Autonómico y el Fondo de Reserva. El FLA ha resultado decisivo para embridar a las CCAA, pues ha convertido a Hacienda en el tesorero de facto de muchas Autonomías y, por lo tanto, ha podido dictaminar qué dispendios pueden realmente sufragarse.
¿Facturas en el cajón?
Y en noviembre el ministro aprobó una orden para que no se modificasen más créditos o se autoricen nuevos desembolsos. Una práctica que pretende evitar el típico aumento del gasto de finales de año, pero que también podría trasladar una parte de las facturas de este ejercicio al siguiente.
De hecho, el Fondo de Liquidez Autonómico dispondrá como mínimo para 2013 de 23.000 millones de dotación, lo que en buena medida podría emplearse para satisfacer deudas acumuladas con proveedores.
Montoro aseguró ayer que durante 2013 se habilitará un sistema para que cualquier empresa con facturas con la Administración pueda presentarlas en Hacienda, de tal forma que el Ministerio será capaz de articular el pago detrayendo los recursos de las asignaciones correspondientes al ayuntamiento o la Comunidad morosa. Una iniciativa razonable pero que a la vez se antoja una señal de que las quejas de los proveedores continúan.
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