Publicado: 04/01/2013 04:00
Si por el Gobierno fuera, la mayoría de las 17 comunidades autónomas estarían ahora rescatadas. Hacienda solo encuentra ventajas en ello pues le permitiría tener bajo control absoluto los ajustes que este año tienen que encarar las administraciones regionales por importe cercano a los 10.000 millones de euros para acabar el ejercicio con el 0,7% de déficit. Esta llave le daría al equipo de Cristóbal Montoro entrada directa en las cuentas autonómicas, en la gestión del pago de los vencimientos de deuda y en las facturas pendientes de cobro por parte de los proveedores. Pero en 2013 solo han aceptado atenerse a esta disciplina las comunidades más endeudadas, quedándose al margen de ella Madrid, Aragón, Castilla y León, Galicia, Extremadura, La Rioja, el País Vasco y Navarra. Las seis primeras están gobernadas directamente por el PP.
Los ajustes pendientes en las comunidades autónomas para este año suman 10.000 millones de euros, requisito indispensable para reducir el déficit al 0,7%
El equipo que dirige Montoro ya ha advertido a los consejeros de Economía de estos territorios que la renuncia a utilizar parte de los 23.000 millones reservados en el Fondo de Liquidez para este año va a suponerles pagar sobrecostes de financiación de los que no se hará cargo el Estado. Mientras que las comunidades rescatadas pagan al Gobierno central un tipo de interés del 5% por el dinero prestado, las que no han llamado a la puerta del Fondo de Liquidez van a tener que financiarse a tipos más altos que se comerán parte de lo que ahorren con sus planes de ajuste o de lo que ingresen con medidas excepcionales. Fuentes del equipo económico ponen como ejemplo los 84 millones que busca ingresar Madrid con el polémico euro por receta. A cambio, estos territorios díscolos administrarán su contabilidad con mayor autonomía, sin estar tan sujetos a los dictados de Hacienda.
Acudir al Fondo de Liquidez es una decisión política, advierten fuentes gubernamentales, pero no tiene por qué suponer un estigma para ningún gobierno regional. Aunque el plazo para sumarse al rescate quedó formalmente cerrado en diciembre, es un paso que cualquier comunidad puede dar en cualquier momento, eso sí, precisan las mismas fuentes, asumiendo los sobrecostes derivados de decisiones de financiación erróneas.
Durante 2013, las 17 comunidades tendrán que hacer frente a necesidades de financiación por importe de 40.000 millones de euros, de los cuales alrededor de 14.000 responden a vencimientos de bonos autonómicos. Estas obligaciones hacen pensar en los ministerios de Economía y Hacienda que más de una de las comunidades que quieren sortear el rescate para no estar monitorizadas permanentemente por el Gobierno, terminarán acudiendo finalmente al Fondo de Liquidez, aceptando la tutela estricta de sus planes de ajuste.
En 2013 los 17 gobiernos regionales encaran necesidades de financiación por importe de 40.000 millones de euros, incluidos los vencimientos de bonos autonómicos
Todas las comunidades han recibido ya garantías del Gobierno de que durante 2013 van a tener cubierto tanto el déficit público como los vencimientos de deuda extranjera. Son medidas que se consideran obligadas para dar solidez a los recortes presupuestarios y a los objetivos de déficit con los que las distintas administraciones públicas tendrán que lidiar este año.
En Hacienda se subraya, por último, que aunque algunas comunidades aspiren a sortear los rígidos controles a los que tienen que someterse los territorios rescatados a través del FLA, la ley de Estabilidad Presupuestaria ofrece instrumentos también suficientes para conseguir que ninguna administración se salte a la torera las políticas de austeridad que derivan de los compromisos contraídos por el Gobierno con Bruselas.
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