Publicado: 16/04/2015 04:00
Rodrigo Rato no es el único apellido conocido en la lista que maneja el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, como sospechoso de haber incurrido en estas prácticas. En esta remesa también figuran funcionarios públicos, jueces y embajadores. Y es en ellos, precisamente, donde se han fijado primero las lupas de aumento ya que el dinero que algunos de ellos regularizaron en 2012 a través de la Declaración Tributaria Especial pudo haberse conseguido incurriendo en un delito de cohecho mediante, por ejemplo, el cobro de comisiones. La indagación sobre el origen del dinero es una de las más complejas y en ella se ha dado la máxima prioridad a los expedientes abiertos por Hacienda a aquellos que han ocupado cualquier tipo de cargo o responsabilidad pública en el pasado.
El Sepblac prioriza la investigación a los funcionarios públicos acogidos a la amnistía por si pueden haber incurrido también en delito de cohecho
Entre los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal la casuística es muy variada. Algunos no habían presentado con antelación su declaración de impuestos, otros figuraban como ilocalizables en la base de datos de la Agencia Tributaria y los hubo también que se acogieron a esta declaración especial en 2012 a partir de los ingresos obtenidos a través de personas con las que compartían intereses societarios. Con estos perfiles de riesgo concreto, Hacienda ha abierto expedientes a 300 contribuyentes y hasta el pasado febrero pudo ingresar más de 12 millones de euros.
La Agencia también remitió al Sepblac el listado de los 705 contribuyentes bajo sospecha de blanqueo para cruzar información con otros órganos de investigación e instancias judiciales, a través de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que es a la que corresponde analizar caso por caso y destapar, en su caso, presuntos delitos que en ningún caso están amparados por la amnistía fiscal.
Investigaciones en Mónaco, Chipre, Islas Caimán y otros paraísos fiscales
La actuación de Hacienda no se frena aquí. De hecho, está preparando una segunda partida de supuestos defraudadores para que el Sepblac haga las oportunas averiguaciones sobre el origen del dinero. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dejó claro este miércoles en el Congreso que la investigación abierta al exvicepresidente económico Rodrigo Rato demuestra que no hay trato de favor hacia ningún contribuyente por parte de la Agencia Tributaria y que la regularización fiscal de 2012 “no fue una amnistía de nada” ya que la Agencia se propone clarificar en su totalidad el origen de los fondos que se acogieron a esta medida. Los convenios y acuerdos bilaterales suscritos con Mónaco, Chipre, las Islas Caimán, Jersey o Andorra están siendo de gran utilidad.
Según los datos proporcionados por el ministro al Congreso, en el último trienio han aflorado recursos en el exterior que no habían sido declarados antes por valor de 100.000 millones de euros, correspondientes a más de 140.000 contribuyentes, algo que carece de precedentes en la historia hacendística española.
Montoro enfatiza que la investigación a Rato demuestra que no hay trato de favor a ningún contribuyente
De la información facilitada el pasado febrero a la Comisión de Hacienda por el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, se deduce que en 2013 se presentaron 134.310 declaraciones de bienes y derechos en el extranjero por un importe de 88.865 millones de euros, información de la que antes se carecía en las bases de este organismo. El año pasado, los contribuyentes solo tenían que presentar esta declaración respecto a lo ya declarado en el ejercicio anterior si había una variación importante de patrimonio. Pese a ello, 32.125 declararon un bien o derecho fuera de España por primera vez, hasta un total de 20.615 millones de euros. Casi 29.000 contribuyentes presentaron declaración por bienes ya aflorados por un importe superior a los 70.000 millones. Finalmente, la lupa en este colectivo concreto se ha puesto este año sobre algo más de 7.000 contribuyentes que, o bien no han presentado declaración por el modelo 720 o lo han hecho fuera de plazo.
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