Miguel Ángel Ramírez gana tiempo hasta 2020 para que el Gobierno lo indulte

Miguel Ángel Ramírez ha conseguido una vez más una victoria judicial, en este caso in extremis, que le impedirá entrar en la cárcel por un delito cometido en 2004, construir partes de su vivienda en un espacio protegido. El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y de grupo Ralons (Seguridad Integral Canaria) ha obtenido una victoria sobre los ecologistas. Tenía que entrar en prisión el 5 de octubre (ese miércoles) pero finalmente ha obtenido de facto un plazo de cinco años, ya que no entrará en prisión hasta que el Ejecutivo no se pronuncie sobre su indulto, para lo que dispone hasta el plazo de prescripción de pena, algo que no llegará hasta 2020.

De esta forma, el empresario gana tiempo y coge aire a la espera de que pueda cambiar la situación política. La obligación de recibir un indulto con un gobierno en funciones lo ponía contra la pared, algo que ha evitado gracias a la Audiencia Provincial de Gran Canaria, tribunal que establece en su auto "la suspensión de la ejecución de la pena" mientras se tramite el indulto. Lo argumenta porque ante la posibilidad de dañar derechos fundamentales del acusado -sentencias posteriores han asegurado que Ramírez no cometió delito pues no era un espacio protegido donde construyó- se decide aguardar a la medida de gracia del ejecutivo, venga en una u en otra dirección. Especialmente, abunda la jueza Yolanda Alcázar Moreno, si se trata de penas inferiores a un año de cárcel, que "hacen aconsejable suspender la ejecución mientras se tramita el indulto".

Ramírez fue condenado a 3 años de prisión en 2011 aunque en 2013 el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, le indultó bajando su pena a 2 años para evitarle la cárcel. Este indulto fue recurrido por Ecologistas en Acción y anulado por el Supremo en junio de 2015.

Facturó 750.961 € a UD Las Palmas

La pasada temporada fue histórica para la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo de fútbol presidido por Miguel Ángel Ramírez logró el ascenso a Primera División trece años después. Sin embargo, el triunfo futbolístico no se reflejó en sus cuentas.

En el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015 Las Palmas registró pérdidas por importe de 791.436 euros, frente a un beneficio de 1,4 millones en la temporada anterior. A pesar de aumentar los ingresos hasta los 9,49 millones (7,8 millones un año antes), el ascenso explica en parte las pérdidas registradas el pasado ejercicio.

La sociedad explica en sus últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil, consultadas a través de Insight View, que las primas por el ascenso supusieron la contabilización de 2,3 millones, y la activación de un pago de medio millón de euros al anterior presidente del equipo de fútbol, Manuel García Navarro "prevista en caso de ascenso, en concepto de intereses de demora". El club asegura que si no se hubiera logrado el ascenso a Primera División, se habría registrado un beneficio cercano a los dos millones.

UD Las Palmas, según las mismas cuentas, que salió del concurso de acreedores en el que fue declarado en el año 2006 en diciembre de 2014, realizó pagos a empresas de su presidente por valor de 750.961 euros en la temporada del ascenso. Seguridad Integral Canarias facturó 393.570 euros por servicios, y otros 123.617 en concepto de "otros ingresos". Otra empresa de Ramírez, Ralons Servicios, facturó 35.592 euros y 175.000 euros por los mismos conceptos. Y Marmotor Canarias 23.182 euros. En el ejercicio anterior, cerrado en junio de 2014, las mismas empresas facturaron a Las Palmas 307.971 euros.

Integral Canaria disparó el negocio con contratos en Madrid

Seguridad Integral Canaria, la empresa de seguridad controlada por Miguel Ángel Ramirez, incrementó su facturación en 2014 en cerca de 20 millones de euros gracias a los contratos logrados con Metro de Madrid y "un nuevo contrato de prestación de servicios al Ministerio de Defensa", explican las últimas cuentas disponibles en Registro Mercantil, de 2014. La compañía ingresó ese año 81,3 millones, frente a los 62,7 millones obtenidos un año antes; el beneficio fue de 1,4 millones, ligeramente superior al registrado en 2013.

El auditor de las cuentas de Seguridad Integral Canaria apunta en su informe de auditoría una salvedad consistente en los "diversos procedimientos judiciales y de inspección abiertos por la Agencia Tributaria y la Dirección General de Trabajo en materia fiscai y laboral". Además llama la atención sobre la presentación de un fondo de maniobra negativo por 6,88 millones. La empresa sostiene que el apoyo financiero de sus accionistas garantiza la continuidad de la sociedad.

Entre otros litigios, la compañía explica que recibió denuncia de la Agencia Tributaria remitida a la Fiscalía Provincial de Las Palmas "por la posible existencia de un presunto delito fiscal", siendo el importe de la deuda tributaria de 1,2 millones por el IRPF del ejercicio 2008, y 1,14 millones por el mismo impuesto de 2009. Además, de acuerdo a las cuentas de 2014, la empresa afrontaba un procedimiento abierto por parte de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2012 que podría suponer un pago de 2,5 millones.

La compañía tenía contabilizada en el ejercicio 2014 una inversión en 646.706 acciones de Caixabank valorada a diciembre de ese año en 2,9 millones.