MiFID II, la normativa que obligará a la banca privada a centrarse en el cliente

En estos días se ultima el texto legal que traspondrá en España MiFID II, una directiva comunitaria sobre servicios de inversión que tiene como uno de sus fines incrementar la transparencia en el sector de la banca privada a la hora de ofrecer productos a sus clientes. Precisamente, éstos van a ser los grandes beneficiados de la medida, según concluyeron los expertos que debatieron en torno al nuevo panorama normativo en la jornada organizada por Vozpópuli e Ibercaja, con el apoyo de Deloitte.

"MiFID pone al cliente en el centro de los servicios financieros”. Con esta frase, Ignacio Rodríguez Aniño, country head para España, Portugal y Latinoamérica de la gestora británica M&G Investments, resume lo que significa en esencia la directiva. "Lo que demostró la crisis de 2008 es que las entidades estábamos más preocupados por otras cosas que por dar información o intentar saber qué quería el cliente antes de intentar venderle un producto".

Uno de los aspectos fundamentales de MiFID es el de la transparencia que exigirá a la hora de especificar los costes de aquellos incentivos que permite, especialmente cuando la entidad distribuidora ofrece al cliente productos de terceros. Un cliente que cada vez será más exigente, como valora y aplaude Alfredo Gadea, responsable de banca privada en Madrid de Ibercaja.

"¿Por qué el cliente se va a conformar con que la rentabilidad sea la única variable en la ecuación de la gestión? ¿Qué ocurre con otros aspectos, como la fiscalidad?". De ahí que el experto considere fundamental que el cliente de banca privada pueda contar con el asesoramiento de un especialista en aquel ámbito concreto en el que quiera invertir su patrimonio.

Democratización de la industria

Una especialización que supondrá una mayor formación por parte de aquéllos encargados de la labor de asesoramiento. Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, la patronal de la industria en España, asegura que MiFID "trata de muchas cosas" pero una de las más importantes es el asunto de la formación de los asesores. "La directiva persigue que las personas que asesoran e informan de productos tengan la preparación suficiente. Es la primera vez que se evalúa esta cuestión".

Aldama recalcó que una de las consecuencias de la aplicación de MiFID será la "democratización de la industria", de tal forma que aquel partícipe con 100 euros pueda disfrutar del mismo asesoramiento que el de 50.000. "El servicio de la comercialización es el más básico y el del asesoramiento es el ‘premium’. En España, más del 80% de los partícipes tiene menos de 20.000 euros bajo gestión, por lo que no está dispuesto a hacer pagos explícitos por asesoramiento".

Desde el punto de vista de la fiscalidad, la directiva europea no incluye grandes novedades, para sorpresa de Ignacio García Alonso, socio de Deloitte Legal. "Llama la atención que no se aproveche para introducir alguna modificación. Pero salvo que posteriormente se aprueben otras normas que cambien la fiscalidad, ésta seguirá igual". Eso sí, el hecho de que MiFID permita determinados tipos de retrocesiones puede reducir las comisiones por asesoramiento. "Por ahí vendrán las buenas noticias".