Marejada en los puertos: el Gobierno ultima el decreto que acabará con los privilegios en la estiba

Se avecinan jornadas complicadas en los puertos españoles. El Gobierno trabaja a marchas forzadas para la aprobación de un Real Decreto Ley que introducirá importantes modificaciones en la actividad de la estiba. La normativa pretende hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de finales de 2014, que condenó a España por entender que su legislación portuaria incumplía el principio de libertad de establecimiento contemplado en el Tratado de la Unión.

El Ejecutivo, que debe aprobar la norma en breve plazo para evitar una costosa multa comunitaria por incumplimiento de sentencia, liberalizará por completo la estiba portuaria, hasta ahora en manos de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), por lo que las empresas del sector sólo pueden contratar estibadores que pertenezcan a estas entidades. La nueva normativa permitirá que cualquier trabajador cualificado pueda ser contratado para realizar labores de estiba.

Aunque el Real Decreto Ley, que aún no ha sido aprobado, establecerá un periodo de transición de tres años la respuesta de los trabajadores del sector no se ha hecho esperar. El peculiar y exclusivo sistema hasta ahora vigente aseguraba unos privilegios a los estibadores que perderán con la llegada de la nueva norma.

Las primeras manifestaciones de protesta se registraron este jueves en el puerto de Valencia, coincidiendo con la celebración de dos asambleas de trabajadores. La actividad se ralentizó de forma notable, lo que provocó que el puerto quedara prácticamente bloqueado.

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley, las empresas estibadoras ya no tendrán la obligación de ser accionistas de una Sagep y podrán contratar a cualquier persona que tenga la capacitación exigida para la prestación del servicio portuario, aunque no pertenezca a alguna de estas sociedades.

Al final del periodo de transición, las Sagep deberán liquidarse o bien transformarse en una empresa de trabajo temporal (ETT) convencional. La normativa contempla además incentivos para contribuir a la adaptación a la nueva realidad. Cada autoridad portuaria se hará cargo de los pasivos financieros que puedan darse en el caso de que, por cualquier motivo, una empresa decidiera prescindir de trabajadores.