Amnistía fiscal

Madrid y Cataluña fueron las comunidades que más recaudaron con la amnistía fiscal

Según datos de Gestha, las dos regiones concentraron el 64,2% de la recaudación de la norma aprobada por el Gobierno del PP en marzo de 2012. En concreto, aportaron 760 de los 1.200 millones ingresados. 

El grueso de la recaudación de la amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno del PP y anulada este jueves por el Tribunal Constitucional se concentró principalmente en dos regiones: Madrid y Cataluña. Según datos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), estas comunidades autónomas concentraron el 64,2% de la recaudación total, y en concreto, 760 de los 1.200 millones ingresados. 

A estas dos regiones le siguieron, a gran distancia, autonomías como la Comunidad Valenciana (124,2 millones), Andalucía (65,2 millones) y Galicia (44,6 millones), según ha concretado Gestha, que ha recordado que con la amnistía apenas se recaudaron 1.191 millones, la mitad de lo que había previsto el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y un 3% del fraude fiscal entre 2008 y 2010.

Extremadura, con 5,5 millones, y Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla, con 0,2, fueron las regiones que menos recaudaron con esta medida puesta en marcha por el Gobierno popular.

La organización de técnicos de Hacienda ha emitido hoy un comunicado solicitando la dimisión de Montoro tras la anulación de la amnistía en los tribunales. "La sentencia da un fuerte varapalo al Gobierno, poniendo de manifiesto que quebró los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución", han resaltado, insistiendo en que la continuidad del ministro es "insostenible", ya que no veló por preservar "los principios esenciales que deben regir el sistema tributario para que sea considerado justo".

Desde Gestha también se han mostrado satisfechos de que la sentencia del TC cierre la puerta a nuevas amnistías, una medida extraordinaria que, sostienen, "ataca al principio de igualdad" al provocar un "agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales" frente a aquellos que pudieron "saldar sus cuentas" pagando al fisco un 10% de lo defraudado.



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