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Economía

Bruselas endurece las condiciones del banco malo: más rebajas al ladrillo para acercarlo al precio de mercado

El BCE examina ya el impuesto a la banca para forzar una corrección del Gobierno
Luis de Guindos, vicepresidente del BCE.

Economía ha recibido una reforma financiera mucho más exigente de la que envió a Bruselas. El paso por la Comisión Europea ha endurecido las condiciones iniciales del banco malo diseñado por el ministerio que dirige Luis de Guindos. Los responsables comunitarios son partidarios de que la valoración de los activos tóxicos inmobiliarios se acerque más a su valor de mercado frente a la fórmula de valor razonable (precio actual más plusvalías futuras) defendida por Guindos. Este depreciación obligará a las entidades que hayan recibido ayudas públicas a tener que aumentar sus provisiones sobre el crédito promotor y adjudicados, incrementando sus necesidades de capital, lo que puede provocar la nacionalización de más bancos.

Las negociacionse entre Bruselas y el Gobierno español llegaron a poner en peligro la aprobación del nuevo decreto en el Consejo de Ministros de este próximo viernes. "La situación a principios de semana estuvo a punto de demorar su visto bueno hasta la próxima semana. El nuevo texto que ha devuelto Bruselas aún tiene aspectos que tienen que concretarse", asegura una fuente conocedora del proceso. Sin embargo, fuentes de Economía confirmaron ayer que el texto se aprobará este viernes, como exige el Memorando de Entendimiento (MOU, en inglés). Entre las condiciones del MOU aparece la obligación de que el banco malo esté creado antes de finales de agosto.

Uno de estos flecos sueltos es, precisamente, la valoración final que se haga del ladrillo. "Aunque el Gobierno pretende lo contrario, Bruselas quiere importantes descuentos en la valoración de los activos tóxicos inmobiliarios que se trasladen al banco malo. Es una situación similar a la de las preferentes, cuyo canje se efectuará muy próximo a su valor de mercado", explica esta misma fuente.

La banca ha aplicado una rebaja media del 35% a su ladrillo desde los precios máximos de 2007, último año de burbuja inmobiliaria. Sin embargo, tanto sociedades de tasaciones como consultoras estiman que los descuentos a los que se verán obligadas las entidades nacionalizadas y el resto que hayan recibido dinero público tendrán que alcanzar una rebaja media mínima del 50% sobre el valor en libros. En el caso del suelo, la rebaja puede superar el 85%.

Tasadoras y consultoras estiman que las rebajas tendrán que alcanzar un mínimo del 50% sobre el valor de los activos inmobliarios

El borrador del texto contempla que sea el Banco de España el que realice las valoraciones de cada uno de los activos para fijar los precios. Hasta el momento, el supervisor trabaja habitualmente con unas determinadas firmas de tasación que son las que fijan el precio final de los activos inmobiliarios.

El nuevo decreto, entre otras medidas, refuerza el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la presencia del Gobierno en el mismo, para intervenir de forma temprana en entidades en aras de garantizar su viabilidad y solvencia con el fin de preservar la estabilidad financiera y económica.

El decreto amplía los poderes del FROB en cuanto a la liquidación de entidades inviables, y regula las actuaciones en los procesos de resolución y de concurso que contemplan la venta de parte o la totalidad de las entidades bajo administración del organismo.

Se considerará inviable una entidad si es "razonablemente previsible que en un futuro próximo" vaya a incumplir de forma significativa los requisitos de solvencia, que sus pasivos superen a sus activos, o que no será capaz de cumplir puntualmente con sus obligaciones exigibles.

Por otra parte, se endurecen los requisitos de solvencia a la banca al elevar las exigencias de capital principal al 9% antes de enero de 2013, se recoge una solución para los tenedores de participaciones preferentes a cambio de una quita, y se establecen limitaciones a la comercialización de las mismas.

Asimismo, se reduce el sueldo máximo de los gestores de entidades con ayudas públicas desde 600.000 a 500.000 euros.

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