La Ley de Emprendedores limita la responsabilidad del empresario: no perderá ni su casa ni su coche

El Gobierno ultima la nueva Ley de Emprendedores que pretende presentar el próximo día 26 de abril, según han revelado a Vozpópuli fuentes del Ejecutivo. En la elaboración del texto –del que se han redactado ya dos borradores- están colaborando los ministerios de Industria, Economía, Hacienda y Trabajo bajo la coordinación de la Oficina Económica de Moncloa y pretende incluir novedades tanto para la creación como para la extinción de las empresas. El objetivo es incentivar el emprendimiento y para ello se limitará la responsabilidad de los empresarios: se fijará una “responsabilidad limitada” que impedirá que se embarguen sus bienes personales, como la casa y el coche, en caso de quiebra del negocio.

La idea, defendida y confirmada por el director general de Industria y pymes, Manuel Valle, pretende otorgar "garantías a quienes pretenden crear empleo". Esa idea ha sido discutida ya -según confirman fuentes de Industria- con los fondos de capital riesgo que no esperan un repunte de los intereses pese a las limitaciones en su capacidad de embargo, según fuentes de ASCRI (Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo).

La medida debía estar aprobada en el primer trimestre de 2012

Entre los nuevos mecanismos de liquidación de empresas se pretende favorecer también la llamada “resolución extrajudicial” de las compañías para casos de apuros económicos. La intención de la medida es permitir la rápida disolución de las compañías para evitar el deterioro de los activos mientras se nombran administradores judiciales y se establecen concursos de acreedores.   

Cambios también en la vida financiera de las empresas

Esos dos cambios pretenden agilizar el fin de la vida de las empresas. Pero la nueva norma contempla también modificaciones en la financiación y vida de las nuevas compañías. El ministerio de Industria apuesta por permitir un mecanismo de “stock options” para que los fondos de capital riesgo que inviertan en compañías de nueva creación puedan obtener un porcentaje del capital de las compañías de nueva creación que financien aunque no coticen en bolsa. De igual modo, se buscan fórmulas para dotar y ampliar las fórmulas de cofinanciación entre Estado y empresas, de manera que el Ejecutivo podría llegar a igualar con fondos públicos las aportaciones que los emprendedores hagan con su capital privado. “Un euro (público) por un euro (privado)” es la fórmula que ya se ha empleado en programas del ICO pero con un capital muy limitado de apenas 50 millones de euros, una cifra que el Ejecutivo desea ampliar notablemente.

El Gobierno ha mantenido conversaciones en los últimos días con las patronales y los representantes empresariales para escuchar sus propuestas en lo que fuentes del Ejecutivo denominan como una “última fase rápida de consultas”. 

La creación de empresas se agiliza… otra vez

Además de los cambios en la liquidación y en la vida de las empresas, la nueva Ley de Emprendedores busca agilizar también su creación. Para ello se reactiva la idea de crear una empresa en menos de 24 horas. La idea ha sido presentada ya en dos ocasiones por los gobiernos tanto de Zapatero como de Rajoy. Sin embargo, el nuevo texto legal plantea ahora dos novedades que pueden permitir hacer realidad la idea:

• La primera, el Ejecutivo colgará en las páginas del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) formularios prediseñados que los emprendedores simplemente tendrán que rellenar para que el Estado, tras el pago de una tarifa de 40 euros, les de validez legal. El mecanismo evita la obligatoriedad de acudir al notario para validar ciertos documentos, una medida a la que los colegios de notarios se habían opuesto hasta el momento, admiten fuentes que trabajan en el nuevo texto.
• En segundo lugar, se pretende estandarizar la creación de empresas mediante otra norma, la Ley de Unidad de Mercado, en la que también trabaja el Ejecutivo para que los permisos a la creación de una autonomía tengan valor legal en el resto del territorio español. 

El Gobierno comprometió la aprobación de la norma para el primer trimestre de 2012. Fuentes de Industria aseguran que el retraso se ha debido a la “falta de dotación presupuestaria”, un problema que se ha resuelto ya.