Economia

Lamela propone juzgar a la excúpula de Caixanova por un agujero de 42 millones

La Audiencia aprecia una posible administración desleal de Julio Fernández Gayoso y otros cinco exdirectivos de la caja gallega por una operación inmobiliaria que generó un perjuicio de 42 millones de euros 

Gregorio Gorriarán, Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego
Gregorio Gorriarán, Julio Fernández Gayoso y José Luis Pego EFE

Nuevo frente judicial para la excúpula de Caixanova. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto juzgar al expresidente de la caja gallega Julio Fernández Gayoso y los ex directores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego por irregularidades en una operación urbanística en Rivas Vaciamadrid (Madrid) que causó un perjuicio de 41,8 millones.La magistrada observa una posible administración desleal de los tres exdirectivos que en 2007 participaron en la concesión de un préstamo por importe de 67,1 millones de euros para la compra de un solar a Rivas ACI, sociedad participada por varias mercantiles vinculadas a la caja gallega -hoy Abanca-, entre ellas Gorrigebe, cuyo único propietario era Antonio Gorriarán, hermano de Gregorio Gorriarán.Además de Gayoso, Gorriarán y Pego, Lamela también propone juzgar a los consejeros de Proinova, la financiera inmobiliaria de la entidad, relacionada principalmente con el sector de las Viviendas de Protección Oficial (VPO), Domingo González Mera, Isaac Míguez y José González.

Irregularidades

Según el auto, "no consta" que los riesgos de esta operación fueran explicados al consejo de administración ya que "con carácter previo a la aprobación del préstamo", Caixanova se sirvió de análisis "incompletos" en los que "no se distinguía el valor entre las fincas".Además, según Lamela tampoco se valoró que la liquidez real de Rivas ACI era "nula" ni que sus accionistas, los garantes de la operación, "presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio" en un momento en el que ya se había pinchado la burbuja inmobiliaria."Ya era patente la ralentización de las ventas en el sector y las incertidumbres como consecuencia de la crisis".

Tras la constitución del préstamos continuaron las presuntar irregularidades, ya que se modificaron los términos del contrato sin consultar al consejo de administración y se realizó una segunda refinanciación para la cual no hubo solicitud expresa de Rivas ACI y que fue formalizada "fuera de los cauces establecidos" por parte de González Mera y Pego.

Qubranto patrimonial

Según la Audiencia, ante la imposibilidad de devolver el dinero, Gorriarán, junto a otros directivos de Caixanova "habría ideado y ofrecido" a Rivas ACI una solución que permitiera a la sociedad y a sus garantes liberarse de sus obligaciones "sin importarles que tal alternativa afectara negativamente a los intereses patrimoniales de la entidad". Esta consistía en que la financiera inmobiliaria de la caja, Proinova, adquiriera temporalmente los activos de la sociedad.

No obstante, Proinova "no encargó ni solicitó una tasación del valor" de los activos que adquiría a fin de conocer su valor real", lo que le hizo pagar un precio "muy superior" a su valor de mercado. Esto supuso, a raíz de un informe elaborado por PwC, un quebranto patrimonial de 41,8 millones de euros para la entidad, hoy integrada en Abanca.La de Rivas es la primera de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las investigaciones crediticias a Caixanova iniciadas en diciembre de 2010.En julio de 2017 y dada su avanzada edad -85 años-, Fernández Gayoso salió de prisión, donde ingresó siete meses antes por un delito de apropiación indebida, por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias, causa en la que también fueron condenados Pego y Gorriarán.



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