Pescanova: Ruz quiere conocer al dedillo el informe forense de KPMG antes de interrogar a Sousa

El pasado jueves 20 se supo que el juez Pablo Ruz aplazaba la declaración del ex presidente de Pescanova, Manuel Fernández Sousa y otros directivos de la compañía, prevista para principios del próximo mes. El magistrado justificó este aplazamiento por la necesidad de recibir cierta información, tanto de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) como de la propia auditora BDO, y poner en orden otras querellas de accionistas. Pero, especialmente, lo que quiere analizar con detenimiento es el informe forense de KPMG. Entonces y sólo entonces comenzará a hacer preguntas.

Conviene insistir en que los informes de KPMG han sido demoledores. Tuvieron consecuencias en el caso de los créditos de Caja Madrid a Díaz Ferrán y todo el mundo apunta a que en Pescanova ocurrirá esto corregido y aumentado. Los acreedores dan por hecho tanto que esta auditoría forzará el cese definitivo de Sousa y que, además, causará nuevas imputaciones.

Este informe recopilará los motivos por los que la deuda puede alcanzar los 3.500 millones de euros en lugar de los 1.500 declarados, cifra que ya está reconociendo el propio Sousa en el interminable proceso de road show emprendido recientemente, sin duda aconsejado por sus asesores en esta crisis.

KPMG arrojará algo de luz sobre el entramado de filiales, la posible emisión de facturas falsas para ser descontadas en los bancos, así como contabilidad b y otras cuestiones.

Todo ello puede dilatar el proceso varias semanas, con lo que será complicado que las declaraciones tengan lugar antes de que finalice el periodo vacacional de verano.

El crédito sigue sin llegar

Mientras tanto, continúa sin firmarse el crédito de urgencia de 55 millones de euros necesario para que la actividad de la compañía continúe. Las entidades financieras siguen manifestando oficialmente buena voluntad, pero lo cierto es que Bankinter, Deutsche Bank o Royal Bank no quieren participar en esta nueva ronda de financiación.

Así, el célebre crédito de 55 millones estará aportado por la Xunta y los acreedores nacionales, con Santander y BBVA apoyando, eso sí. Pero se acerca el final de mes y el pago de nóminas vuelve a estar sobre la mesa. De momento, sólo está reconocido expresamente el apoyo del Gobierno regional, lo cual ha permitido cierto descuento de liquidez. Pero los bancos deben firmar sin dilación esta semana lo que estaba previsto para principios de la pasada.