Seguridad Social

José Luis Escrivá, hasta ahora presidente de la Airef, será ministro de Seguridad Social

Se ocupará de liderar la reforma del sistema público de pensiones para hacerlo sostenible y atajar su problema de déficit, de 18.000 millones de euros

José Luis Escrivá, futuro ministro de Seguridad Social
José Luis Escrivá, futuro ministro de Seguridad Social

José Luis Escrivá, el hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (la Airef,el órgano independiente que supervisa las cuentas del Gobierno), será el nuevo ministro de Seguridad Social del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, según ha confirmado este viernes Moncloa. 

Escrivá (Albacete, 1960) liderará este ministerio de nueva creación tras la decisión de Pedro Sánchez de separar el actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a cargo de Magdalena Valerio -cuyo futuro profesional se desconoce-, en dos carteras independientes: la de Trabajo, que dirigirá Yolanda Díaz (Podemos), y la de Seguridad Social que caerá en sus manos. 

Conocido por ser el artífice de la creación de la Airef, Escrivá comenzó su carrera profesional en el Banco de España y también ejerció como jefe de estudios del BBVA. En febrero de 2020 terminaba su mandato al frente de la Airef y no se conocía hasta ahora cuál iba a ser su próximo destino profesional.

Su labor principal en el Ministerio será definir la reforma del sistema público de pensiones, que padece un déficit equivalente al 1,5% del PIB (18.000 millones de euros), y se enfrentará en los próximos años a importantes retos. 

Entre ellos destaca el pago de pensiones a una población jubilada cada vez más numerosa -especialmente con el retiro de la generación del babyboom- y el aumento menor de lo deseado de la población trabajadora -la que costea el pago de las pensiones-, debido a una natalidad descendiente. 

Las fórmulas de Escrivá para el problema de las pensiones

Desde su posición al frente de la Airef, Escrivá se ha mostrado partidario en numerosas ocasiones de retrasar la edad real de jubilación (la edad a la que se jubilan en verdad los trabajadores, que es anterior a la edad legal debido al efecto de las prejubilaciones, y se sitúa en 62,4 años) y hacerla coincidir con la edad legal, que en 2027 pasará a ser de 67 años. 

Según sus cálculos, por cada año que se incremente la edad de jubilación a partir de 2027 -año en que se prevé que alcance los 64,5 años- se ahorrarán cuatro décimas de PIB (4.800 millones de euros).

Otra de sus propuestas es incrementar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión, que está fijado en los 20 años (aunque se prevé que llegue a los 25 en el año 2022), pero que está por debajo del utilizado por los principales países de nuestro entorno, en los que se usa la carrera laboral completa.

Aumentar la carrera de cotización hasta los 35 años en 2027 supondría un ahorro de 0,5 puntos de PIB (6.000 millones de euros) en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia.

Más natalidad e inmigración

También aboga por aplicar medidas en España que sirvan para fomentar la natalidad, así como por políticas que favorezcan la inmigración de una clase trabajadora que aporte valor añadido al país. Ambas medidas aumentarían la población trabajadora y su contribución a la Seguridad Social, fuente de ingresos para pagar las pensiones. 

Escrivá siempre ha defendido también eximir a la Seguridad Social de algunos gastos que no le corresponden, lo que aliviaría sus cuentas, y trasladar ese déficit al Estado. 

Aunque estas eran sus propuestas cuando ocupaba la dirección de la Airef, habrá que ver si éstas siguen siendo las medidas que defiende cuando ocupe su nuevo cargo en el Ministerio, en el que todavía no se conoce si seguirá contando con Octavio Granado como secretario general de la Seguridad Social -quien ocupa este cargo con los gobiernos socialistas desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero-.

¿Volverá a llenar la hucha de las pensiones?

La evolución de la llamada ''hucha de las pensiones" es otro de los problemas que podrá intentar abordar Escrivá, después de que en 2019 el Gobierno haya tenido que recurrir a los fondos de esta hucha y la haya dejado sólamente con 1.400 millones (cada mes la nómina de los pensionistas roza los 10.000 millones).

Para poder asumir el pago a los pensionistas del pasado diciembre (nómina más extra de Navidad, más de 18.000 millones), la cartera de Valerio se vio obligada a extraer 3.600 millones de la hucha de las pensiones -el máximo que podía sacar por ley-, tirar también de 600 millones extra procedentes del Tesoro Público (que ya le había aportado 1.331,9 millones) y además aprobar por real decreto-ley un nuevo mecanismo para obtener más crédito

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