La JUR decide que no se compensará a los accionistas y acreedores de Banco Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) ha decidido que no se requiere compensar a los accionistas y acreedores afectados por la resolución del Banco Popular, según ha comunicado la misma entidad en un comunicado. La decisión está basada en una evaluación posterior a la resolución que ha elaborado una consultora independiente y en el análisis de los comentarios que las partes involucradas remitieron anteriormente, ha explicado el organismo europeo en un comunicado.

“Esta decisión cierra el proceso de análisis para determinar si un proceso de insolvencia hubiera producido un mejor resultado para los accionistas y acreedores afectados de Banco Popular,” ha dicho la Presidenta de la JUR, Elke König.

“Comprendo que será decepcionante para aquellos que hayan sufrido pérdidas, pero ello demuestra que el marco de resolución es efectivo, y que ha protegido a los contribuyentes de pérdidas y de inestabilidad financiera", ha añadido.

El 6 de agosto de 2018, la JUR publicó la decisión preliminar de que no se requería compensar, y abrió un proceso de ‘derecho de audiencia’, permitiendo a los accionistas y acreedores afectados que expresasen sus opiniones y proporcionasen argumentos sobre su posible desacuerdo con la decisión preliminar y su razonamiento subyacente.

La JUR evaluó 2.856 entregas recibidas de las partes que se registraron y que fueron verificadas para tomar parte en el proceso. Al valorador independiente también se le solicitó que proporcionara su opinión independiente sobre los comentarios relacionados directamente con el informe de Valoración 3. Como se destaca en la decisión, los comentarios incluidos en dichas entregas abordaron diversos aspectos, incluyendo la independencia del valorador y el contenido del informe de Valoración 3.

Resolución del Popular

El Popular fue resuelto el 7 de junio de 2017, tras la evaluación del Banco Central Europeo (BCE) de que era inviable o existía la probabilidad de que lo fuera a ser. La JUR decidió que la resolución era de interés público para proteger a los depositantes y para evitar la inestabilidad del sistema financiero y la autoridad de resolución nacional española (FROB) implementó la decisión a nivel nacional. El banco fue vendido a Banco Santander, S.A.. Los servicios suministrados por BPE a sus clientes continuaron con normalidad tras su resolución.