Insolidaridad vasca con las pensiones: Euskadi no participa en la financiación de la deuda de la Seguridad Social

Los pensionistas vascos se han convertido en la punta de lanza de las reivindicaciones del sector. Llevan ya más de 100 lunes consecutivos (dos años largos) saliendo a la calle para defender el sistema público nacional, un aumento con el IPC real y su blindaje constitucional, así como una pensión mínima de 1.080 euros cuando en realidad la pensión media de los ciudadanos de esta comunidad supera los 1.251 euros frente a los 1.007 euros del resto de España. De aquí, que Euskadi, a quien el Gobierno ha anunciado la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social en virtud de los pactos de apoyo político del PNV, ocasione, tras Asturias, la mayor parte del déficit de la caja de las pensiones.

En todo caso, que los pensionistas vascos cobren por encima de la media no significa que resulten favorecidos sino que han realizado mayores cotizaciones en su vida laboral como consecuencia de registrar mayores sueldos que la media nacional, es decir, llegan con mejores carrera de cotización. Sin embargo, lo que desconocen los pensionistas de Euskadi es que, a la hora de financiar la deuda de la Seguridad Social como consecuencia del déficit anual, su comunidad no aporta un solo euro ni lo hará en el futuro, ni siquiera como prestatario, ya que dispone de un régimen económico foral propio y recauda directamente sus impuestos. Queda en manos exclusivamente del Estado y del resto de los ciudadanos españoles que se encuentran en un régimen fiscal común. Este desfase contable, de más de 3.000 millones de euros en la actualidad, debería haberse ido corrigiendo desde hace 30 años, pero tanto el PP como el PSOE han necesitado de los votos del PNV para gobernar. Ni siquiera se ha planteado en la Comisión del Congreso del Pacto de Toledo que viene debatiendo las reformas históricas del sistema público de pensiones.

Por tanto, es el Estado quien corre con la financiación de la deuda (acumulación de déficits) que cada año se produce en las cuentas del sistema público como consecuencia de que aún las cotizaciones no son capaces de cubrir el gasto total de las prestaciones por la caída del empleo y los sueldos, y por haber colgado al sistema un corolario de gastos impropios. Además, ni el Gobierno del PP, ni ahora el del PSOE, quieren pasar a la historia como los partidos que consiguieron finiquitar el Fondo de Reserva. Quedan unos 2.000 millones, pero son claramente insuficientes para financiar el agujero actual. De esta forma, ese déficit que viene produciéndose desde 2017 se financia con una serie de créditos a la Seguridad Social que se habilitan cada año en los Presupuestos Generales del Estado y que el propio Estado se anota en Contabilidad Nacional como deuda pública.

Es decir, los gobiernos del PP y luego del PSOE han decidido que sea el Estado quien preste el dinero a la Seguridad Social para realizar esa financiación. Estos créditos, que según el Banco de España superan ya los 52.445 millones, son simples parches contables para evitar en esta época de déficits públicos elevados que el Estado en su conjunto se haga cargo del desfase mediante meras transferencias o aportaciones de dinero a la caja de pensiones. Pero, con toda probabilidad, los tendrá que asumir porque la nueva filosofía del Pacto de Toledo va en esta línea, ya que los partidos han endosado al sistema público muchos pagos que no le corresponde para ganar votos. Además, con la caja de las pensiones, los gobiernos han montado un sistema de protección social universal con cargo a los cotizantes (desde prestaciones no contributivas, subvenciones a la contratación o a la maternidad y paternidad, o el pago de las nóminas a los empleados a costa de las cotizaciones).

Es evidente que esos préstamos son incobrables y que el Estado deberá asumirlos ya que ni siquiera se ha determinado plazos ni tipos de interés. Su exigencia de pago pondría contra las cuerdas al sistema público, del que dependen casi 14 millones de votos (más de nueve millones de pensionistas y otros cinco millones de personas que dependen de la pensión principal). Además, el Estado y las CCAA, también la vasca, se han repartido ya la gestión de los activos de la caja de las pensiones (desde hospitales, centros sanitarios, a consultorios, y edificios) que aún figuran en la contabilidad de la Seguridad Social y cuya titularidad ambicionan para canjear esa deuda o parte de ella. Por tanto, estos créditos tendrán que ser financiados con el pago de impuestos futuros de todos los españoles, incluyendo a los vascos (y navarros).

Que ningún Gobierno pretende cobrar esos créditos lo demuestra la existencia de un préstamo de finales de los años noventa, que aún sigue vivo y que supera los 17.000 millones (el resto, hasta esos 52.000 millones, son los habilitados para cubrir el déficit de la Seguridad Social tras la utilización masiva del Fondo de Reserva). Ese préstamo se concedió, tal como figura en varias leyes presupuestarias, “para compensar las insuficiencias financieras del Insalud”. Es decir, sirvió para financiar la sanidad universal que instauró el PSOE en los años noventa. Por tanto, se creó con el dinero de los cotizantes y no con las aportaciones que le correspondía al Estado. El PP ha reconocido que esos préstamos deberían haberse registrado como simples “aportaciones al sistema o transferencias” ya que el Estado no ha puesto un sólo euro para las pensiones contributivas. La devolución de esos créditos, que ningún Gobierno se ha atrevido a exigir a la Seguridad Social, se ha ido prorrogando permanentemente. La última se realizó en 2016 hasta 2026.

Al Gobierno vasco le interesa más de momento pagar directamente las pensiones con las aportaciones que le realizará el sistema público nacional

De todos estos créditos no participa el País Vasco, que cuenta con un régimen foral propio (también Navarra). Si en algún momento se decide que estos préstamos se netean, es decir, que se endosan al Estado definitivamente y se convierten en transferencias, los ciudadanos vascos no habrían puesto un solo euro para la financiación de la Seguridad Social a través de los impuestos ya que los abonan a directamente a sus diputaciones mientras que el resto de las 46 provincias nacionales de régimen fiscal común pagan sus tributos a la caja común estatal. Lo que evidencia una clara insolidaridad por parte de esta región. Según los expertos en contabilidad nacional consultados, el Estado debería centrifugar parte de estos créditos a la deuda del País Vasco, también de Navarra. ¿Qué cantidad le correspondería? Euskadi debería asumir en sus cuentas el 6,24% de los préstamos totales del Estado a la Seguridad Social (y Navarra el 1,6%).

Se corresponde con el porcentaje fijado, según el cociente de su PIB respecto al nacional, en la última actualización del cupo económico o aportación que el Gobierno vasco realiza al Estado anualmente para sufragar gastos relativos a cargas generales como la defensa, la seguridad, exteriores, la Corona o el Ejecutivo nacional. Es decir, Euskadi debería añadir a su deuda actual más de 3.200 millones (y Navarra más de 800 millones), cantidad que se detraería de la deuda crediticia a la Seguridad Social que el Estado tiene en sus cuentas. De esta forma, el País Vasco no tendría una deuda de 10.707 millones como figura ahora en su contabilidad (3,6% del total de las autonomías), sino que se aproximaría a los 14.000 millones (4,6% del conjunto autonómico). Lo que significaría un aumento de golpe de la deuda vasca de más del 30%, que tendría que financiarse también con los impuestos regionales.

Este ajuste contable, es decir, el trasvase de la deuda, debería hacerse tanto si se produce la ruptura o no de la caja única de las pensiones. Este cambio debería realizarse independientemente de que los ingresos por cotizaciones en Euskadi no cubran las prestaciones. En todo caso, esa ruptura de la caja nacional es poco probable que se produzca si se mantiene o crece ese déficit de las pensiones vascas que en 2018 fue de más de 4.000 millones de euros (5.229 millones de euros de ingresos y 9.236 millones de gastos) y que hasta noviembre de 2019 (a falta de computar la paga normal y la extra) ya superaba los 3.000 millones, lo que supone casi una cuarta parte del déficit del sistema público nacional. Y va a seguir siendo así porque, por ejemplo, los ocupados vascos (cotizantes) por pensionista crecen a un ritmo del 1,89% mientras que los del resto del país están en el 2,2%. Al Gobierno vasco le interesa más de momento pagar directamente las pensiones con las aportaciones que le realizará el sistema público nacional, así como gestionar a los funcionarios, tener la inspección de las empresas, la recaudación ejecutiva y posiblemente la decisión de minoración de cuotas. Todas estas actividades tienen réditos políticos y también electorales. Pero, es el principio de la ruptura de la caja única.